El asesinato de Lyhanna Rameau, la niña de 11 años que desapareció hace una semana en el sur de Francia y y cuyo cuerpo fue encontrado este jueves, se ha convertido en un asunto de Estado al revelar los problemas crónicos del sistema judicial que las asociaciones de víctimas y de protección a la infancia llevan años denunciando. Jérôme Barella, su presunto secuestrador y principal sospechoso de su muerte había sido denunciado varias veces por violación. La tragedia ha puesto de acuerdo a toda la clase política, también al Gobierno, que admite “un inmenso fracaso” de las instituciones.
El asesinato de la niña de 11 años revela las negligencias en el tratamiento de las denuncias. El Gobierno pide disculpas y admite disfuncionalidades graves
El asesinato de Lyhanna Rameau, la niña de 11 años que desapareció hace una semana en el sur de Francia y y cuyo cuerpo fue encontrado este jueves, se ha convertido en un asunto de Estado al revelar los problemas crónicos del sistema judicial que las asociaciones de víctimas y de protección a la infancia llevan años denunciando. Jérôme Barella, su presunto secuestrador y principal sospechoso de su muerte había sido denunciado varias veces por violación. La tragedia ha puesto de acuerdo a toda la clase política, también al Gobierno, que admite “un inmenso fracaso” de las instituciones.
“La institución judicial no ha sabido proteger a la niña (…) Hemos fallado en el seguimiento de las denuncias. En nombre de la Justicia, como ministro, presento mis excusas a la familia y al pueblo francés, que está legítimamente conmocionado y aterrorizado al ver estos fallos”, admitió el titular de Justicia, Gérald Darmanin, en una entrevista en la cadena TF1 poco después de confirmarse que el cuerpo hallado el día antes en una explotación agrícola era el de la menor. La autopsia no ha podido revelar aún las causas de la muerte.
El Gobierno pide disculpas, pero delega gran parte de la responsabilidad en los jueces y fiscales, que a su vez denuncian la falta de medios para hacer frente a la avalancha de casos. Entre 2016 y 2024, las denuncias por delitos de agresión o violación han aumentado más de un 200%.
Justicia remitió el viernes a la prensa varias circulares internas enviadas en los últimos meses a las fiscalías del país en las que Darmanin ordenaba que se traten como prioridad las denuncias por violencia sexual contra menores y mujeres. “Obviamente, se han pasado por alto”, denunció. El presidente francés, Emmanuel Macron, dijo el viernes que “la falta de medios no es una excusa”, pues el presupuesto de Justicia pasó de 8.100 millones en 2017, cuando comenzó su primer mandato, a casi 13.000 millones en 2026.
La muerte de Lyhanna ha provocado una inmensa conmoción en el país porque se podría haber evitado. El detenido, de 41 años y padre de dos hijos que van al mismo colegio que la víctima, había sido denunciado hasta en cinco ocasiones. La primera vez, en 2017, le llegaron a echar de un instituto en el que trabajaba tras la denuncia por acoso sexual de una alumna. Sin embargo, las demandas se desestimaron. En cuanto a la última, presentada el pasado agosto por presunta violación a una menor de 11 años, el implicado ni siquiera fue interrogado.
Las negligencias en el caso de Jérôme Barella no son algo aislado, sino la punta de un iceberg que las asociaciones feministas y de defensa de la infancia llevan años tratando de visibilizar: no se escucha a las víctimas, las denuncias caen en saco roto o se desestiman. Según datos del propio Ministerio de Justicia, en las comisarías hay tres millones de denuncias a la espera de ser examinadas, de las cuales 70.000 son por violación o agresiones sexuales.
En el caso de los menores, las cifras hablan por sí solas del problema. Un niño es víctima de agresión sexual, violación o incesto cada tres minutos, según Ciivise, la asociación contra el incesto, que cita datos oficiales. Equivale a tres niños o niñas de cada clase escolar. Solo uno de cada tres obtiene protección.
El asesinato de Lyhanna es la gota que colma el vaso, aunque las negligencias judiciales han quedado en evidencia en otras ocasiones. El caso más reciente y mediático es el del cirujano Joël Le Scouarnec, condenado a 20 años de cárcel por haber abusado o violado durante tres décadas a más de 300 personas, la mayoría menores de edad, en el ejercicio de su profesión. Fue detenido en 2017, a pesar de que había sido condenado ya en 2005 por tenencia de imágenes pedófilas. No se le prohibió ejercer y siguió tratando con niños y adolescentes.
Otro caso flagrante es el del llamado “violador de Sambre”, Dino Scala, uno de los mayores criminales sexuales en serie en Francia. Fue condenado en 2022 por haber agredido y/o violado a más de medio centenar de víctimas, la mayoría menores, entre 1988 y 2018 en Pas de Calais, en la frontera con Bélgica, que comparte este río con Francia. Las denuncias se fueron acumulando en las comisarías, se desestimaron por falta de pruebas o acababan en un cajón. Scala violó durante casi tres décadas impunemente hasta que fue detenido al fin en 2018.
Ni siquiera hay que remontarse muy atrás, pues la muerte de Lyhanna llega en pleno escándalo tras la reciente ola de denuncias de abusos sexuales en un centenar de escuelas de París por parte de monitores escolares. Se investiga a 78 animadores, aunque las familias critican que llevan años denunciando.
Este domingo habrá una marcha blanca en homenaje a Lyhanna, a la que acudirán los padres de la niña. Será en Fleurance, el pueblo donde vivía, a unos 60 kilómetros de Toulouse. El lunes por la tarde hay convocadas manifestaciones ante los tribunales de toda Francia en homenaje a la pequeña, pero sobre todo en protesta por el tratamiento judicial que se ha dado a este caso y otros tantos.
El primer ministro, Sébastien Lecornu, ha convocado el lunes a los titulares de Interior y Justicia para hacer balance de la situación y plantear medidas y posibles sanciones. El titular de Justicia ha llamado a consultas a los fiscales de Francia ese mismo día para evaluar los fallos.
Actualmente, hay más de 10 meses de espera hasta que se empieza a investigar una denuncia por violación, según la Fundación de Mujeres. El 94% se archiva, y esto es algo que ya denunció el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que en abril de 2025 condenó a Francia por no proteger a tres mujeres que denunciaron violaciones cuando tenían 13, 14 y 15 años, y alegaron que las autoridades francesas no las habían protegido. Les dio la razón.
Consciente de que la justicia necesita una reforma en lo que concierne a estos delitos, el pasado mes de abril Darmanin viajó a España junto con una delegación de altos magistrados y el fiscal del Tribunal Supremo francés para inspirarse en la ley española de protección integral contra la violencia de género de 2004, pionera en Europa y que Francia tiene como modelo.
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