El Gobierno pide a 1.300 colectivos su adhesión al Pacto de Estado contra los incendios tras ignorar sus 4.000 alegaciones

Tras la ola de grandes incendios de este mes de julio que han asolado a buena parte de España, el Ministerio de la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha realizado en los últimos días un llamamiento a 1.300 colectivos a asociaciones conservacionistas, colegios profesionales de montes, universitarios, entidades forestales, empresas, sindicatos y diferentes colectivos del sector para que se adhieran «a un gran acuerdo de país» en la lucha contra el cambio climático que, a su entender, es el factor clave en la lucha contra los fuegos.

 El Ministerio de Transición Ecológica pide a los colectivos profesionales del sector respaldar por escrito «un gran acuerdo de país»  

Tras la ola de grandes incendios de este mes de julio que han asolado a buena parte de España, el Ministerio de la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha realizado en los últimos días un llamamiento a 1.300 colectivos a asociaciones conservacionistas, colegios profesionales de montes, universitarios, entidades forestales, empresas, sindicatos y diferentes colectivos del sector para que se adhieran «a un gran acuerdo de país» en la lucha contra el cambio climático que, a su entender, es el factor clave en la lucha contra los fuegos.

El documento fue recibido con «sorpresa e indignación» por parte de la mayoría de los destinatarios, que no han contestado hasta la fecha. De hecho, apenas 250 de ellos, la mayoría de carácter ecologista, han completado la respuesta. El resto, «no da crédito». El verano pasado, a mediados de agosto, desde el Ministerio que preside Sara Aagesen, y a su vez cuando los incendios estaban en su época de mayor intensidad, se contactó con ellos.

Entonces, ya el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, habló incluso de crear una comisión de Sánchez anuncia una comisión interministerial de cambio climático «para allanar el camino en la consecución de un pacto de Estado contra la emergencia climática al que ha vuelto a invitar a sumarse a todas las instituciones».

Cerca de 4.000 aportaciones se enviaron por pate de los expertos consultados en las siguientes semanas. «Nadie supo nada más sobre estas alegaciones», confirma a este periódico Paco Castañares, experto forestal, quien explica que, un año después, el Gobierno vuelve a enviar un texto muy similar, «levemente modificado», en el que esta vez pide rellenar un sencillo formulario de adhesión que más bien parece «un apoyo inquebrantable a su pacto de Estado, cuando ni tan siquiera ha contestado, ni mucho menos recogido, las alegaciones que presentó todo el sector hace un año».

La valoración de técnicos y expertos a esta nueva iniciativa del Gobierno no ha podido tener peor acogida: «Supongo que buscan hacer listas negras, controlar quién responde y quién no, cuando estamos todavía esperando, desde el verano pasado, a que valoren nuestras aportaciones -que han quedado en nada-. Y encima ahora nos piden que firmemos a pie de página un texto cuajado de eslóganes, que busca de nuevo fragmentar a quiénes en teoría están contra el cambio climático y quiénes no, para utilizarlo políticamente; es una desvergüenza», apuntan fuentes del sector.

El formulario enviado hace unos días, entre finales de julio y principios de agosto, «queda abierto a cualquier organización público-privada que desee sumarse a este compromiso colectivo», por lo que, según el Ministerio, «se invita a la difusión de este llamamiento entre todas aquellas entidades interesadas en la consecuencia de un Pacto de País más necesario que nunca».

Castañares recuerda que «es paradójico» que, tras pasar un año sin noticias de aquella iniciativa, ahora el Gobierno regrese, tras la gravedad de los incendios de este verano, pidiendo el respaldo sin escuchar las demandas del sector: «Somos los primeros en creer en un pacto de Estado, pero lo primero es atender a las soluciones de los especialistas, incluso científicos, que abogan más que apostar por la extinción de los incendios, por poner los recursos necesarios en la prevención».

Entre ellas, apunta a dos medidas, enviadas entre esas alegaciones sin contestar, que considera claves: «Proteger a los pueblos de las llamas para que no entren en las casas, como desgraciadamente ocurrió en Los Gallardos (Almería), en intentar por todos los medios que no se evacúa a los vecino; y en segundo lugar, gestionar un millón de hectáreas que consideramos que se encuentran en zonas estratégicas para que los incendios, como está ocurriendo, no se conviertan en monstruos intratables».

Estas dos fórmulas no aparecen en el nuevo documento del Gobierno. «Se trata de hacer una política de gestión forestal, no de ir recogiendo firmas para poder esgrimir políticamente que el Gobierno tiene grandes apoyos. En ese juego no vamos a entrar», advierte Castañares. Este experto recuerda, además, que los incendios forestales del verano pasado provocaron más de 19 millones de residuos de C02 a la atmósfera, «es decir, cinco veces las emisiones que provocan al año el tráfico aéreo nacional; dos veces lo que provocan las industrias de refino especializado; el 25% de todas las emisiones que provocan el tráfico rodado en las carreteras de nuestro país, o el 77% del total de las emisiones eléctricas», denuncia.

Por eso, critica la iniciativa gubernamental: «No se trata de coger firmas respaldando al Gobierno, no, se tratar de tomar medidas concretas como las dos anteriormente descritas, y otro verano más no se está haciendo nada. Sólo política e ideología».

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