«No es casualidad», señalan fuentes internas de la Agencia Tributaria al ser preguntadas sobre los motivos que están detrás de la inminente dimisión simultánea de la directora general de la Agencia Tributaria, Soledad Fernández Doctor, el director de Inspección, Manuel Trillo Álvarez, y la directora de Recaudación, Virginia Muñoz Fernández. Una «desbandada» de la dirección del organismo que responde a una situación ya insostenible y que no por casualidad se produce ahora, tres meses después de que haya sido nombrado el nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España, de perfil dialogante y elegido para acelerar la reforma del sistema de financiación autonómica en la recta final de la legislatura.
La recta final de la legislatura y el potencial cumplimiento de todas las cesiones pactadas con los partidos nacionalistas catalanes, que ahora podría impulsar el sucesor de María Jesús Montero, precipitan la salida de la directora general del organismo y otros dos altos cargos, lo que dispara los temores internos ante la sucesión
«No es casualidad», señalan fuentes internas de la Agencia Tributaria al ser preguntadas sobre los motivos que están detrás de la inminente dimisión simultánea de la directora general de la Agencia Tributaria, Soledad Fernández Doctor, el director de Inspección, Manuel Trillo Álvarez, y la directora de Recaudación, Virginia Muñoz Fernández. Una «desbandada» de la dirección del organismo que responde a una situación ya insostenible y que no por casualidad se produce ahora, tres meses después de que haya sido nombrado el nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España, de perfil dialogante y elegido para acelerar la reforma del sistema de financiación autonómica en la recta final de la legislatura.
Aunque el polvorín ha estallado coincidiendo con la polémica por las joyas del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, que no fueron declaradas y por las que la Agencia Tributaria se ha acabado personando como perjudicada en el proceso judicial a través de la Abogacía del Estado, lo cierto es que el caldo de cultivo venía gestándose durante al menos dos años, desde que en julio de 2024 el Gobierno central acordó con ERC diseñar una especie de «financiación singular» a la carta para Cataluña a cambio de que ese partido invistiera presidente a Salvador Illa, del PSC.
Sin haber un único detonante, el conocimiento público de la dimisión de la cúpula ha coincidido con la celebración, este martes, de una reunión bilateral entre el Gobierno y la Generalitat de Cataluña -enmarcada en una serie de citas con todas las autonomías a las que no han asistido las gobernadas por el PP- para reactivar la reforma del modelo de financiación autonómica y avanzar en la arquitectura de un sistema diseñado para acabar permitiendo, en última instancia, que Cataluña gestione el 100% de la recaudación del IRPF, dando pequeños pasos hasta entonces para ir reforzando poco a poco la Agencia Tributaria Catalana.
De la cita, que se celebró en la sede de la Consejería de Economía en Barcelona, no ha trascendido nada a la opinión pública, pero fue la antesala para acordar cómo defender el modelo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera que se celebra este lunes en Madrid y, sobre todo, posteriormente en un Congreso de los Diputados fragmentado en el que es muy difícil que salga adelante dado el bloqueo de Junts, que se opone a apoyar nada que venga del Ejecutivo y menos una propuesta acordada con su rival, ERC.
Han pasado sólo tres meses desde que Arcadi España abandonó la secretaria de Estado de Política Territorial -puesto desde el que coordinaba las negociaciones con las comunidades- para ocupar el asiento de ministro de Hacienda, decidido a reactivar todo lo pendiente. «Vamos a cumplir los acuerdos de investidura que tenemos con los grupos, como BNG, ERC o el PNV. Yo no soy sospechoso de no hacerlo; he tenido la oportunidad de negociar con muchos grupos y sacar adelante desde un punto de vista institucional acuerdos que han sido beneficiosos para el conjunto del país, así que los repasaremos uno a uno e iremos viendo su encaje en el Presupuesto», prometió en su primera comparecencia ante la Comisión de Hacienda del Congreso, en la que todos los socios de investidura de Pedro Sánchez le pidieron que acabara de cumplir lo acordado a cambio de apoyar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado.
La reforma del modelo de financiación y, sobre todo, las cesiones pactadas con Cataluña para ceder competencias preocupan y mucho a los funcionarios de la Agencia Tributaria, que temen una ruptura de la caja y un desmembramiento de una institución que perdería toda su capacidad para luchar contra el fraude en el país. La incertidumbre sobre su futuro -especialmente para los que están destinados a Cataluña y que han llegado a temer que los transfieran a la Agencia Tributaria Catalana- les ha llevado a volver la mirada reiteradamente en los últimos meses hacia la Dirección General del organismo en busca de una protección y defensa pública que no han obtenido. La directora general, que en un primer momento calificó el pacto de «experimento», ha ido perdiendo poco a poco la confianza que había depositado en ella María Jesús Montero, ex ministra de Hacienda, cuando la nombró en 2022 en sustitución de Jesús Gascón, al que se llevó como secretario de Estado.
«De mi última reunión con la directora general fue de la que salí más preocupado. Ella es una mujer de carácter, con mucha fuerza, y en esa última reunión la vi como derrotada y siempre tirando balones hacia arriba, como si ya no tuviera el respaldo político. El problema está por encima de ella, que lo tienen todo paralizado», apunta una trabajadora con la que ha podido hablar este medio y que prefiere no identificarse.
Aparte del malestar generalizado por las cesiones a Cataluña, Soledad Fernández ha tenido que lidiar con un contexto de parálisis. Ella llegó «con muchas ganas» de cambiar las cosas y hacer actualizaciones -por ejemplo, de la carrera profesional de los funcionarios de la Agencia Tributaria-, pero en el Ministerio no le han permitido avanzar. «Ha estado desautorizada en muchos momentos».
En los pasillos de la Agencia Tributaria se asume que la dimisión en cadena responde a un cúmulo de cosas, desde los «problemas estructurales que se llevan arrastrando meses» hasta el «hartazgo generalizado por el tema de Cataluña». «Desde la esfera política se decía una cosa, luego otra… los compañeros de Cataluña están constantemente buscando seguridad jurídica y preguntando a la Agencia cuál va a ser su futuro», comenta otra fuente interna. A esto se suma que en el último año la AEAT ha sido diana de críticas sin precedentes por parte de asociaciones de la sociedad civil y del despacho norteamericano Robert Amsterdam, que han generado mucho ruido mediático y de las que nadie les ha defendido, ni la directora general, ni el Ministerio.
«Siempre hemos sido defensores de Marisol [Soledad Fernández] porque es muy técnica, con mucho carácter, y seguramente el no haber podido hacer ciertas cosas o haber tenido que callar ante otras ha podido producir cansancio, hartazgo… Tiene una edad, le queda poco para jubilarse y la perspectiva de una persona de cincuenta años no es la misma que la de alguien que está al final de su carrera y puede decir: Hasta aquí», relatan internamente. «Su perfil no es político. Habrá aguantado carros y carretas, pero no tiene un perfil político. Es una profesional, ha sido presidenta del Tribunal Económico Administrativo Central, donde hizo una labor muy valorada. Llegó queriendo impulsar cosas. Hay muchas cosas que habría que reformar en la Agencia Tributaria y que funcionan por inercia», agrega.
Las asociaciones y sindicatos del organismo han criticado la situación de incertidumbre que se vive internamente, piden explicaciones y temen cómo se articule el relevo.
«La asociación de Inspectores de Hacienda del Estado manifiesta su preocupación por la extraña situación de impasse generada tras conocerse la retirada de la actual Directora (…) Resulta llamativo que se produzca un cambio de esta relevancia sin que se haya comunicado la identidad de la persona que asumirá la Dirección, tratándose de uno de los órganos más importantes de la Administración General del Estado. La ausencia de información oficial contribuye a una incertidumbre institucional que no debería producirse en un organismo de esta naturaleza», lamentaron el jueves en un comunicado.
De hecho, relacionan la situación directamente con la cumbre celebrada con la Generalitat. «No parecen verosímiles las explicaciones ofrecidas sobre la falta de sucesor designado, especialmente considerando la reciente reunión con la Generalitat de Cataluña -de la cual no ha trascendido contenido alguno- y el perentorio plazo que tendría un futuro director en el tramo final de la legislatura». Los inspectores esperan que el sucesor de la directora «destaque por su profesionalidad y objetividad en la defensa de los intereses generales» y, en particular, «de la integridad y autonomía organizativa de la AEAT, sin injerencias externas de ningún tipo».
Aluden directamente a la esencia de la Agencia Tributaria como un órgano único e indivisible, que no debería fraccionarse por cesiones a Cataluña. «La asociación de Inspectores considera imprescindible que se garantice que no se fraccionará la Agencia Tributaria y que no se alterarán los procesos de selección en las oposiciones a los cuerpos de funcionarios de la Administración Tributaria».
Los técnicos de Hacienda, el colectivo más numeroso, también han pedido explicaciones sobre «las causas reales de la desbandada» y han dudado «abiertamente» de la versión oficial, que simplemente señaló que la directora general había pedido salir hacía meses y que se había acordado con ella esperar a que terminara la campaña de la Declaración de la Renta, que acabó el martes.
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