«La realidad que viven hoy millones de consumidores españoles se puede resumir en tres hechos: pagan más por lo básico, reciben peores servicios y se sienten cada vez menos protegidos». De esta premisa parte el Partido Popular para activar el empuje de la Cámara Alta, donde ostenta la mayoría absoluta, contra el progresivo «deterioro» del poder adquisitivo de las familias y de la clase media española.
Plantea un protocolo nacional de actuación en materia de consumo que incluya a comunidades y reguladores: «La política de consumo no puede limitarse a declaraciones, campañas o anuncios»
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«La realidad que viven hoy millones de consumidores españoles se puede resumir en tres hechos: pagan más por lo básico, reciben peores servicios y se sienten cada vez menos protegidos». De esta premisa parte el Partido Popular para activar el empuje de la Cámara Alta, donde ostenta la mayoría absoluta, contra el progresivo «deterioro» del poder adquisitivo de las familias y de la clase media española.
Con una iniciativa inédita, a la que ha tenido acceso EL MUNDO, el Grupo Parlamentario Popular del Senado quiere forzar al Gobierno a blindar a los consumidores en tiempo real ante los vaivenes de las distintas crisis, estableciendo para ello mecanismos fijos y automáticos que garanticen «la protección efectiva» de derechos y «la prestación eficiente» de los servicios básicos.
El plan del PP tiene varios ámbitos de actuación. El primero es radiográfico. Da un plazo máximo de tres meses al Ejecutivo para que presente ante las Cortes un informe de impacto del coste de la vida sobre los consumidores. Este informe deberá incluir un desglose específico sobre ámbitos como la alimentación, la energía, la vivienda, el transporte o la capacidad de ahorro de los ciudadanos. Deberá, además, resaltar específicamente en cada apartado su afección a la clase media y a los colectivos vulnerables.
Pero lo más novedoso de esta iniciativa es que persigue también la creación de un protocolo nacional de actuación en materia de consumo, transversal a las administraciones, para cuando fallen los servicios esenciales en casos críticos como los apagones energéticos, los caos ferroviarios o las interrupciones masivas de suministros.
Este mecanismo debe obligar a todas las administraciones a ofrecer información clara, homogénea y en tiempo real a los ciudadanos, así como a garantizar vías de reclamación ágiles y accesibles, evitando así que los afectados queden atrapados en procesos «fragmentados y opacos».
La coordinación entre ministerios deberá, además, reforzarse para que, en toda crisis que afecte a servicios esenciales, «la protección del consumidor se incorpore desde el primer momento a la respuesta pública y no quede diluida entre departamentos o niveles administrativos».
El plan del PP incluye también la implantación de un Sistema Común de Información y Alerta al Consumidor, diseñado para coordinar la respuesta entre el Estado, las comunidades autónomas y los organismos reguladores con el objetivo de que «el ciudadano deje de ser un actor pasivo en las crisis y pase a contar con información útil y mecanismos efectivos de compensación desde el primer momento».
«La política de consumo no puede limitarse a declaraciones, campañas o anuncios. Debe garantizar el acceso asequible a productos y servicios esenciales, la continuidad y la calidad mínima de dichos servicios, información veraz y útil cuando se producen incidencias, con procedimientos de reclamación rápidos y accesibles y mecanismos efectivos de compensación, indemnización y reparación. Esos son los estándares mínimos de una verdadera política de defensa del consumidor», apunta la propuesta del PP en el Senado, firmada por Alicia García.
«El deterioro del poder adquisitivo, la persistencia de sobrecostes en bienes y servicios básicos, la crisis de vivienda, las disfunciones en el transporte y la ausencia de respuestas ágiles han agravado el empobrecimiento de la clase media consumidora», lamenta el PP, «obligando a muchas familias a recortar consumo esencial, posponer decisiones vitales y vivir en una situación permanente de alerta económica».
La moción del PP, registrada para su debate en el pleno del Senado, incluye la solicitud de comparecencia ante la Cámara del titular del Ministerio de Consumo, Pablo Bustinduy, para que explique qué actuaciones ha desarrollado su departamento en defensa de los consumidores afectados por el apagón de hace un año, por las incidencias ferroviarias recientes y por otras alteraciones graves de servicios esenciales. El PP quiere que el ministro dé el detalle de todas «las medidas adoptadas, reclamaciones recibidas, compensaciones reconocidas y reformas impulsadas».
«Sánchez aprovecha cualquier situación para llenarse los bolsillos con el dinero de los españoles. Lo hizo durante la pandemia, también lo hizo con la invasión de Ucrania y lo está volviendo hacer con la guerra de Irán», advierte Alicia García. «El decreto de Sánchez [con las medidas para paliar las consecuencias de la guerra] ya ha caducado y se ha quedado corto. Por eso es urgente conocer en detalle cómo está afectando a los españoles y a su bolsillo la guerra en Irán y aprobar un plan de choque para que nunca más los españoles sean los que paguen con su dinero las consecuencias de una catástrofe», concluye.
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