La primera sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados ha arrancado con un clima de alta tensión política. La crisis migratoria en la ciudad autónoma de Ceuta y el enfrentamiento judicial tras la suspensión cautelar decretada por el Tribunal Supremo sobre el voto de los nacionalizados por la ‘ley de nietos’ han monopolizado el debate parlamentario. La oposición ha aprovechado el pleno para desgastar al Ejecutivo de Pedro Sánchez, señalando problemas como los malos resultados del informe PISA, la falta de Presupuestos Generales y las investigaciones judiciales que afectan al Partido Socialista.
La primera sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados ha arrancado con un clima de alta tensión política. La crisis migratoria en la ciudad a
La primera sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados ha arrancado con un clima de alta tensión política. La crisis migratoria en la ciudad autónoma de Ceuta y el enfrentamiento judicial tras la suspensión cautelar decretada por el Tribunal Supremo sobre el voto de los nacionalizados por la ‘ley de nietos’ han monopolizado el debate parlamentario. La oposición ha aprovechado el pleno para desgastar al Ejecutivo de Pedro Sánchez, señalando problemas como los malos resultados del informe PISA, la falta de Presupuestos Generales y las investigaciones judiciales que afectan al Partido Socialista.
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha reprochado duramente al presidente del Gobierno que no esté centrado en la vivienda, la huelga sanitaria o el funcionamiento de la red de alta velocidad. En su intervención, Feijóo ha denunciado que el Ejecutivo solo está «pendiente de manipular» el censo mediante la ‘ley de nietos’. Además, el dirigente popular ha acusado al jefe del Ejecutivo de «no estar pendiente de los problemas de los ciudadanos sino sólo de manipular el censo electoral, de los problemas judiciales de su partido y de las declaraciones en los juzgados de los socialistas». Asimismo, Feijóo ha alertado sobre la situación de los escolares en Ceuta, señalando una vuelta al cole «con gas pimienta en las mochilas» y recordando los datos del informe educativo.
Por su parte, Pedro Sánchez ha respondido acusando al «Partido Popular y la ultraderecha» de querer «cercenar el derecho al voto de miles y miles de ciudadanos españoles» y de pretender «robar el voto» a los exiliados. El presidente ha defendido que no quieren «ciudadanos de primera y de segunda, sino ciudadanos todos de primera con los mismos derechos y también con el derecho al voto». Durante su discurso, Sánchez ha sufrido un lapsus al señalar las elecciones «en 2026», aunque ha rectificado de inmediato para situarlas en 2027 y lanzar un aviso a la bancada popular: «Los veremos en las urnas y les volveremos a ganar».
La gestión del asalto a la frontera ceutí ha centrado gran parte del enfrentamiento en la Cámara Baja. El líder de Vox, Santiago Abascal, ha afirmado que el presidente se encuentra «chantajeado» por Marruecos y se ha preguntado cuántos diputados del país vecino se sientan en el Congreso. Sánchez ha rechazado categóricamente estas insinuaciones acusando a Abascal de xenófobo y subrayando que el Gobierno defiende sin matices la españolidad de Ceuta y Melilla. Ante los constantes descalificativos recibidos, el presidente ha manifestado: «Sí, sí, me llaman perro. Mire, le digo una cosa, señor Abascal, a diferencia de usted, yo seré un perro, pero no tengo amo».
Por otro lado, la fragilidad de la mayoría parlamentaria ha quedado patente tras las preguntas del portavoz de ERC, Gabriel Rufián, quien ha puesto en duda la capacidad de Sánchez para culminar la legislatura. Ante la posibilidad planteada por Rufián de un futuro gobierno entre PP y Vox, el presidente ha coincidido en que «la alternancia en el poder provocaría una involución de la democracia». Mientras el Gobierno confía en la publicación de los informes de inteligencia sobre Ceuta para defender su actuación, la oposición insiste en que «Los ciudadanos se lo harán pagar» en la próxima cita electoral.
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