La fiscal general rechaza explicar en el Senado las visitas de la ‘fontanera’ del PSOE a la Fiscalía: «No daré ninguna información»

Teresa Peramato, fiscal general del Estado nombrada por el Gobierno tras la dimisión por condena de su predecesor, Álvaro García Ortiz, ha abierto su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Senado recordando que «ni la Constitución ni las Cámaras establecen un régimen de control» del Ministerio Público.

Peramato ha asegurado que ella no es «ni comentarista ni opinadora de la labor jurisdiccional» y también ha recordado los principios de «confidencialidad y cautela» a los que se debe.

Tras esta introducción ha subrayado que su intención de «sanar la herida» de la Fiscalía forma parte de un «diagnóstico institucional responsable».

«La confianza interna se recompone desde el principio de unidad y la lealtad activa», antes de hacer hincapié en que a la fiscalía «no le corresponde entrar al debate político ni mediático».

Respecto a sus nombramientos, Peramato ha insistido en que ha estado guiada por los «principios de mérito y profesionalidad y por el rigor» y ha insistido en que el Consejo Fiscal y sus pronunciamientos «no tienen carácter decisorio», algo que le corresponde a ella en exclusiva. «La fiscalización de los nombramientos discrecionales no puede ser objeto de control externo», ha zanjado defendiendo así su selección de cargos como «coherente con las necesidades del servicio», pese a que la mayoría del cuerpo de fiscales la ha discutido por haber implicado un premio al equipo del que fue su antecesor y una purga de quienes, en el caso de García Ortiz, cuestionaron su actuación en el caso del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Peramato también ha defendido la actuación del Ministerio Fiscal en el caso de González Amador contra García Ortiz. Una actuación que implicó desde el principio considerar que se estaban vulnerando los derechos fundamentales del entonces fiscal general, pedir su absolución y finalmente recurrir en amparo la sentencia condenatoria ante el Tribunal Constitucional. Esta posición, ha dicho, «se mantiene» lo que viene a demostrar, en su opinión, que «se ha actuado con plena independencia y autonomía».

Desde el PP se le ha reprochado su silencio a la hora de defender a los fiscales a los que amenazó la fontanera del PSOE y se le ha preguntado por qué no se registraron las visitas de Leire Díez a la Fiscalía para reunirse con quien era mano derecha de García Ortiz; cuándo tuvo noticias de las mismas y, en ese caso, por qué no se informó de ellas y también si ella misma se ha reunido alguna vez con Díez.

Para el PP, el Ministerio Fiscal «está devastado porque se ha construido en un instrumento político de Pedro Sánchez». «Sanar las heridas es esclarecer los hechos que afectan a su predecesor, no meterlos en un cajón», ha puntualizado la senadora popular María José Pardo, quien también ha incidido en la supuesta relación de la ex fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, con el caso Plus Ultra.

«Su política de nombramientos ha sido cuestionada por la mayoría de fiscales porque responde a la afinidad personal e ideológica», ha dicho Pumar. La senadora se ha referido a las posiciones en el escalafón de los promocionados por Peramato, muy por debajo de otros que optaban al puesto y que estaban muy por encima en el ranking. Estos últimos, sin embargo, fueron purgados.

En la misma línea ha incidido la portavoz de Vox, Paloma Gómez, que ha hecho hincapié en preguntas muy similares insistiendo en la penetración «de las cloacas del PSOE» en la sede de la Fiscalía General.

Después, el senador de ERC, Joan Josep Queralt, ha hecho hincapié en la teoría de que el Supremo condenó a Álvaro García Ortiz en venganza al apoyo que este dio a la Ley de Amnistía. Queralt también ha lamentado que las declaraciones y agendas de Víctor de Aldama y Leire Díez se interpreten como «el evangelio».