La investigación judicial sobre el accidente ferroviario en Urda (Toledo) correrá a cargo de una juez que juró su cargo hace ocho meses. La magistrada Aristea Ortiz Tiliakou tomó posesión al frente de la plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Orgaz el pasado 6 de febrero en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. Al encontrarse de guardia cuando se produjo el accidente, corresponde a su plaza la asunción de las diligencias abiertas para esclarecer lo ocurrido.
Manos Limpias y Vox presentan querellas ante el juzgado y piden personarse en la causa
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La investigación judicial sobre el accidente ferroviario en Urda (Toledo) correrá a cargo de una juez que juró su cargo hace ocho meses. La magistrada Aristea Ortiz Tiliakou tomó posesión al frente de la plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Orgaz el pasado 6 de febrero en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. Al encontrarse de guardia cuando se produjo el accidente, corresponde a su plaza la asunción de las diligencias abiertas para esclarecer lo ocurrido.
La magistrada ha acordado las diligencias de investigación para determinar el origen del accidente solicitadas por la fiscal de guardia, que será la encargada del seguimiento de la investigación. La fiscal se ha desplazado al lugar del accidente junto al Fiscal Superior de Castilla-La Mancha, Emilio Manuel Fernández García, para acompañar a la comisión judicial que coordina las actuaciones en el lugar del siniestro.
Según ha informado el TSJ de Castilla-La Mancha, en este momento hay ya creados cinco equipos compuestos por magistrado/a, Letrado de la Administración de Justicia y forense, a fin de agilizar las diligencias.
En esta línea, tanto Manos Limpias como Vox han presentado escritos ante el tribunal competente. También se ha personado en la causa la asociación Zeolandia.
Por su parte, Manos Limpias ha presentado una denuncia penal contra ADIF, Iryo y Renfe y contra los directivos encargados del mantenimiento por delitos contra la seguridad colectiva, en su modalidad de estragos e infracción de normas de seguridad en los servicios públicos. Añade los delitos de imprudencia grave con resultado de lesiones y/o homicidio, así como la eventual responsabilidad penal de las personas jurídicas.
La organización pide un oficio a la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) para que remita «copia íntegra del informe preliminar o definitivo» sobre las causas. Y solicita, además, que las tres empresas aporten el «libro de mantenimiento, fichas de revisión técnica y partes de incidencias del tren involucrado correspondientes a los últimos 5 años», y que el juzgado designe un perito independiente. También expresa su voluntad de ejercer la acción popular y pide para ello una «fianza proporcionada y equitativa».
Vox, por su parte, se querella en ejercicio de acción popular contra Adif por los delitos de homicidio imprudente y lesiones imprudentes ante el siniestro. La formación de Santiago Abascal dirige su querella contra los responsables de la empresa pública y, en concreto, contra el operador y operadores del Puesto de Mando de Circulación de Atocha que autorizaron la reanudación de la marcha de los trenes tras el fallo del sistema LZB.
El partido solicita incoar diligencias previas y practicar las diligencias de investigación interesadas. Se requiere a Adif para que, en el plazo más breve que el Juzgado fije, identifique con nombre, apellidos, puesto, categoría profesional y habilitación a los operadores, jefes de turno y responsables de circulación del Puesto de Mando de Atocha que prestaron servicio entre las 7.00 y las 11.00 horas del día de los hechos.
La magistrada contará con el apoyo de la titular de la plaza número 1 de Tribunal de Instancia de Orgaz así como del titular de la plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alcázar de San Juan (Ciudad Real).
La primera colaborará en la dirección y tramitación de las diligencias judiciales derivadas de la catástrofe, como levantamientos de cadáveres, autorizaciones judiciales, coordinación institucional y restantes actuaciones que resulten necesarias. El segundo ha sido nombrado magistrado Coordinador de las actuaciones judiciales derivadas de la presente emergencia, en atención a su condición de integrante de la Red Judicial de Expertos en Gestión de Emergencias y Catástrofes.
Se incorporan también como magistradas expertas en gestión de emergencias y catástrofes las titulares de las plazas número 2 y 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Toledo.
Previamente, Ortiz había sido nombrada juez sustituta para ejercer funciones de sustitución y refuerzo en Cantabria desde julio de 2025. El Consejo General del Poder Judicial acordó su nombramiento el 12 de enero de 2026 y le adjudicó la plaza número 2 de Orgaz, su primer destino como jueza titular, según consta en la orden publicada en el Boletín Oficial del Estado.
La magnitud del acciente, cuyo balance deja 68 muertos, hace que la causa que asume la recién llegada magistrada adquiera un peso especial.
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