Priscilla Mussa tiene tres meses y ha pasado dos de ellos durmiendo sobre un mugriento colchón en una acera de la ciudad sudafricana de Durban. La protege del invierno austral un buzo de plumas fucsia, un gorrito de lana y una gruesa manta con la que su madre, Rebecca Varis, la cubre casi por completo. A su alrededor huele a un potaje especiado y humeante que varias decenas de hombres y mujeres desayunan en tazas de plástico. En la acera de enfrente, la ropa lavada cuelga de una verja. “Aquí vivimos ahora”, dice Varis, señalando el colchón. Durban se ha convertido en uno de los epicentros de la ola de violencia xenófoba que desde hace semanas está forzando a miles de inmigrantes y refugiados a abandonar sus casas. Los extranjeros representan alrededor del 4% de la población de Sudáfrica, pero se han convertido en el chivo expiatorio de una crisis mucho más profunda.
Cientos de migrantes y refugiados acampan en las calles de Durban, indefensos ante el acoso desatado contra ellos. Miles han empezado a regresar a sus países de origen
Priscilla Mussa tiene tres meses y ha pasado dos de ellos durmiendo sobre un mugriento colchón en una acera de la ciudad sudafricana de Durban. La protege del invierno austral un buzo de plumas fucsia, un gorrito de lana y una gruesa manta con la que su madre, Rebecca Varis, la cubre casi por completo. A su alrededor huele a un potaje especiado y humeante que varias decenas de hombres y mujeres desayunan en tazas de plástico. En la acera de enfrente, la ropa lavada cuelga de una verja. “Aquí vivimos ahora”, dice Varis, señalando el colchón. Durban se ha convertido en uno de los epicentros de la ola de violencia xenófoba que desde hace semanas está forzando a miles de inmigrantes y refugiados a abandonar sus casas. Los extranjeros representan alrededor del 4% de la población de Sudáfrica, pero se han convertido en el chivo expiatorio de una crisis mucho más profunda.
Cuando Priscilla apenas tenía un mes de vida, un grupo de hombres llegó de noche al barrio donde vivía con su familia, explica Kurda Mussa, el padre de la niña. “Entraron casa por casa gritando que nos fuéramos a nuestro país”, recuerda. El matrimonio, ambos refugiados congoleños residentes en Sudáfrica desde hace 18 años, apenas tuvo tiempo de salir con la bebé y sus otros dos hijos. Perdieron la vivienda, los muebles, la ropa y hasta los utensilios de cocina. “No nos ha quedado ni una cuchara”, protesta Varis.
Pero también han perdido algo menos visible: la rutina y los medios de vida. Los dos hijos mayores han dejado de ir a la escuela porque ya no pueden llegar hasta ella y Mussa ha perdido su trabajo como barbero porque su negocio también fue vandalizado.
Desde entonces, toda la familia duerme en la calle. Por las noches, Rebecca Varis mantiene a Priscilla pegada a su pecho para protegerla del frío. “Si no, se le tapa la nariz; y aun así hace unos días enfermó”, lamenta, mientras vigila con el rabillo del ojo a su bebé, invisible bajo la gruesa manta.
Ellos forman parte de las cerca de 450 personas —en su mayoría, refugiados y solicitantes de asilo de la República Democrática del Congo— acampadas desde hace semanas frente al centro de recepción de refugiados de Durban. Colchones rasgados sobre el cemento, mantas húmedas por el rocío, niños que juegan alrededor de bolsas de ropa amontonadas, hombres concentrados alrededor de un tablero de parchís de cartón con tapones de botella como fichas, y mujeres que pasan las horas mirando el móvil o conversando mientras esperan una solución. O simplemente que nadie vaya a atacarles. Algunos llevan más de un mes al raso.
Según los testimonios recogidos por EL PAÍS, grupos de hombres sudafricanos llevan semanas recorriendo barrios donde viven inmigrantes y refugiados, llamando puerta por puerta. Si nadie abre, fuerzan la entrada. Después llegan las amenazas, las palizas, los saqueos o las ocupaciones de viviendas y pequeños negocios.
También los abordan por la calle: mientras varios refugiados conversan en la calle, un repartidor congoleño aparece con la cabeza inflamada. Aún temblando y sin querer dar su nombre por el miedo que siente, asegura que acaba de ser golpeado con palos por un grupo de tres hombres cuando iba a recoger un pedido. “Me dijeron que los extranjeros no podemos trabajar allí”, cuenta a sus compatriotas, que le preguntan si ningún guardia de seguridad o transeúnte le ayudó. “Incluso delante de la policía pueden pegarte y nadie te protege”, contesta. Ante situaciones como esta, miles de personas han abandonado sus hogares y muchas han optado por regresar a sus países de origen.
La escalada comenzó en mayo en la provincia de KwaZulu-Natal, cuando, tras varios incidentes delictivos atribuidos —sin pruebas— a ciudadanos extranjeros, grupos antiinmigración formados por sudafricanos negros como March & March intensificaron sus movilizaciones y fijaron el 30 de junio como ultimátum para que los indocumentados abandonaran el país. También empezaron a organizar patrullas y protestas que han derivado en ataques contra migrantes, incluidos aquellos con documentación en regla. Es una paradoja dolorosa en un país donde alrededor del 80% de la población es negra y que apenas hace tres décadas puso fin al apartheid, el sistema de segregación racial impuesto por la minoría blanca. Activistas y académicos llevan años advirtiendo de que las profundas desigualdades heredadas de aquel régimen han alimentado nuevas formas de exclusión, esta vez por parte de sudafricanos negros dirigidas contra otros africanos también negros.
La campaña se alimenta de una idea cada vez más extendida en una parte de la sociedad sudafricana, y del mundo: que los inmigrantes son responsables del desempleo, la delincuencia, la pobreza o el deterioro de los servicios públicos. En un año marcado por las elecciones municipales previstas para noviembre, distintos movimientos antiinmigración han ganado protagonismo aprovechando ese malestar en un país de 63 millones de habitantes con un desempleo cercano al 30% y profundas desigualdades sociales.
Mientras tanto, el Gobierno controla la situación a duras penas. El presidente, Cyril Ramaphosa, ha condenado públicamente la violencia y ha insistido en que la aplicación de las leyes migratorias corresponde exclusivamente al Estado, no a grupos de civiles. También ha prometido endurecer los controles fronterizos, acelerar las deportaciones de inmigrantes en situación irregular y reformar el sistema de asilo, una posición que organizaciones de derechos humanos consideran insuficiente para frenar los ataques y proteger a quienes residen legalmente en el país. En los últimos días, el Gobierno ha anunciado el despliegue de más de 3.000 efectivos del ejército durante un mes en todo el país.
Sudáfrica ya vivió grandes estallidos xenófobos en 2008, 2015, 2019 y 2021, pero quienes sobrevivieron a aquellos episodios aseguran que esta vez la violencia ha cruzado una línea, pues ya no consiste solo en protestas o ataques contra comercios, sino en expulsar a familias enteras de los lugares donde han vivido durante años.
Los datos sugieren, además, que la violencia nunca llegó a desaparecer del todo. Según Xenowatch, el sistema de monitorización de la Universidad de Witwatersrand, Sudáfrica registró 148 incidentes verificados de discriminación xenófoba y 14 muertos solo en 2025, la cifra anual más alta de los últimos años, dentro de una tendencia ascendente que precedía a la crisis actual. Las cifras de 2026 solo recogen hasta el 9 de junio, justo antes de los mayores disturbios, y ya entonces marcaban 50 incidentes y siete muertos.
Gaby Bikombo, trabajador de Refugee Social Services, una organización que presta asistencia y defensa jurídica a refugiados y solicitantes de asilo en Durban, resume la diferencia con anteriores oleadas xenófobas: “Antes marchaban y gritaban. Ahora entran en las casas y te echan”. Bikombo ya tiene pasaporte sudafricano después de más de dos décadas residiendo en este país, pero también teme por su seguridad. Aún no le han echado de su casa, pero ya ha recibido señales de que su presencia no es grata: “Hace unos días, otros dos vecinos también migrantes y yo fuimos expulsados del grupo de WhatsApp de la comunidad sin ninguna explicación; lo cierto es que ya no puedo dormir sin ayuda de somníferos”, dice, mientras se encoge de hombros.
Autobuses para salir del país
Frente al centro de recepción de refugiados resisten, sobre todo, familias congoleñas. Remarcan que no son inmigrantes recién llegados, sino que entraron en Sudáfrica hace años, huyendo de la guerra en el este de la República Democrática del Congo. Muchos llevan media vida en Sudáfrica, trabajan, pagan alquiler, hablan las lenguas locales y muestran sin titubear sus permisos de residencia o sus documentos de solicitantes de asilo.
En uno de los colchones vive y duerme Wivine Bahati, de 25 años, que llegó siendo una niña. Creció en Durban, estudió en escuelas sudafricanas y habla zulú con la misma naturalidad que el inglés, el francés y el suajili, por lo que decidió ofrecerse como intérprete, portavoz y enlace entre las familias refugiadas, las autoridades y las organizaciones que les prestan ayuda. Ha concedido tantas entrevistas desde que comenzaron los ataques que ahora teme que esa exposición acabe volviéndose contra ella, pero ni eso la arredra.
Bahati recuerda con precisión el instante en el que sintió miedo real por primera vez: el día en el que fue a denunciar varias agresiones ante la policía, y los agentes le negaron protección. “Si la policía no actúa, cualquiera puede hacerte cualquier cosa”, lamenta. Las autoridades los derivaron a albergues para personas sin hogar, pese a que ellos ya tenían uno, pero tampoco allí fueron bien recibidos. “A las mujeres también nos echaron. A una incluso la agarraron del pelo”, cuenta. La siguiente recomendación fue que se “reintegraran”. “Nos dicen que volvamos a nuestras comunidades. Pero son esas comunidades las que nos están expulsando”, denuncia la joven.
Para estas familias, regresar a su país de origen tampoco es una salida. Proceden en su mayoría de Kivu del Sur, una de las regiones congoleñas más castigadas por la ofensiva del M23, apoyado por Ruanda. Uno de los refugiados cuenta que hace apenas unos meses perdió a un hermano durante la toma de Uvira, uno de los episodios recientes más sangrientos de la contienda. “¿Volver? ¿A qué?”, responde, sin levantar la voz.
Ni siquiera quienes tenían un pequeño negocio han logrado mantenerse. Cadeau Mohatu, de 38 años, es otro de los hombres del campamento; llevaba años cortando el pelo en una barbería improvisada, apenas un espejo, una silla y unas tijeras sobre la acera, un negocio muy habitual entre congoleños. Su puesto fue saqueado y destrozado. Perdió el trabajo y, con él, la posibilidad de seguir pagando el alquiler. “Primero vinieron una mujer y un hombre. Al día siguiente regresaron dos más. Después llegaron más de 20 con barras de hierro”, recuerda. Destruyeron el negocio, se llevaron las herramientas de trabajo y perdió el único ingreso con el que pagaba el alquiler. “Mis hijos ya no van al colegio porque no puedo pagar el transporte. Ahora duermen aquí”.
A cinco kilómetros del centro de recepción de refugiados, y ya muy cerca del mar, otro campamento aparece y desaparece cada día. Aquí viven y duermen ciudadanos de Malaui, Zimbabue o Mozambique que han decidido abandonar Sudáfrica por miedo y que en este punto es donde esperan a subirse en uno de los cientos de autobuses que los están llevando de vuelta a sus países de origen.
Cada pocas horas llegan nuevas familias con maletas, bolsas de plástico y colchones enrollados. Y así, más de 25.000 personas, según las autoridades sudafricanas —unas 20.000 solo de nacionalidad malauí—, han regresado ya a sus países desde que comenzó la campaña xenófoba. El goteo no cesa.
Blessing, un malauí de 44 años, espera sentado sobre el equipaje con el que resume más de una década de vida en Sudáfrica. Trabajaba instalando antenas de televisión por satélite y dormía escondido en el monte desde hacía varios días para evitar que lo encontraran los grupos que recorrían su barrio buscando extranjeros. “Del monte iba a trabajar y del trabajo volvía al monte”, cuenta. Aguantó hasta cobrar el salario de la semana. “No podía irme antes. Necesito ese dinero para volver a casa”.
A su alrededor, otros compatriotas escuchan en silencio. Uno de ellos se suma a la conversación para desmontar uno de los argumentos que más se repite contra los inmigrantes. “Dicen que todos vendemos droga. No es verdad. Nosotros nos levantamos por la mañana para trabajar y volvemos a casa. Los que venden droga siguen ahí, pero vienen a echarnos a nosotros”, protesta. Otro asiente con resignación: “Nos dicen que nos marchemos, pero nadie nos da el dinero para volver. ¿Cómo esperan que hagamos casi 24 horas de viaje hasta Malaui sin un céntimo?”
La conversación es interrumpida por una camioneta que reduce la velocidad al pasar junto al campamento. Cuatro hombres se asoman por las ventanillas y empiezan a gritar insultos en zulú: “¡Volved a vuestro país!”. Unos minutos después, la conductora de un turismo blanco baja la ventanilla, grita “¡Perros!” y acelera. Nadie parece sorprenderse. “Pasa todos los días”, comenta uno de los hombres. “Incluso ahora que ya nos estamos marchando”.
Blessing abre entonces su maleta y saca un edredón que algún día fue blanco. Lo despliega despacio para mostrar varias gotas de sangre ya ennegrecidas. “Hace dos días me golpearon”, dice, señalando las heridas aún visibles en el rostro. Asegura que conocía a sus agresores, con los que a veces compartía algún trago. “Me preguntaron cuándo pensaba irme del país y después empezaron a pegarme”.
El dispositivo de regreso desde este otro campamento improvisado funciona a varias manos: los líderes comunitarios elaboran las listas, los consulados verifican la identidad de los viajeros, organizaciones humanitarias y gobiernos ayudan a financiar el transporte. A pie de autocar está Alí (no da apellido), líder comunitario al cargo de organizar ese trasiego. “Cada 10 minutos llegan más personas. Yo pido autobuses para 200 y, cuando por fin los consigo, ya somos 230; los que salen hoy van con gente que llegó hace un par de días“, explica.
Antes de abandonar Sudáfrica, todos deben pasar por el centro de procesamiento de Musina, cerca de la frontera con Zimbabue, donde las autoridades sudafricanas completan los trámites administrativos de salida. La escasez de autobuses ha provocado largas esperas y, de hecho, una reciente investigación del diario sudafricano Daily Maverick ha revelado que miles de personas están atrapadas desde hace semanas en un campamento improvisado junto a la frontera debido a los retrasos burocráticos y la falta de transporte.
De vuelta en el centro de recepción de refugiados de Durban, los refugiados congoleños no reclaman un billete de vuelta a ninguna parte, sino recuperar una vida que sienten perdida. Y mientras los adultos hablan de denuncias, casas ocupadas y un futuro cada vez más incierto, Priscilla duerme envuelta en su buzo fucsia y bajo una manta. Tiene tres meses y ha pasado la mayor parte de su vida sobre una acera de Durban.
Feed MRSS-S Noticias
