El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha marcado un antes y un después en la comunicación gubernamental sobre migración irregular, al advertir explícitamente que «ninguno de ellos va a ser regularizado» a quienes intenten entrar de forma irregular en Ceuta y Melilla. Esta declaración, emitida desde Ceuta, representa un cambio en el tono del Gobierno español, ya que es la primera vez que un ministro utiliza la palabra «regularizar» en este contexto.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha marcado un antes y un después en la comunicación gubernamental sobre migración irregular, al advertir exp
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha marcado un antes y un después en la comunicación gubernamental sobre migración irregular, al advertir explícitamente que «ninguno de ellos va a ser regularizado» a quienes intenten entrar de forma irregular en Ceuta y Melilla. Esta declaración, emitida desde Ceuta, representa un cambio en el tono del Gobierno español, ya que es la primera vez que un ministro utiliza la palabra «regularizar» en este contexto.
La afirmación de Marlaska es vista como un reconocimiento implícito de que la política declaración, emitida desde Ceuta, representa un cambio en el tono del Gobierno español, ya que es la primera vez que un ministro utiliza la palabra «regularizar» en este contexto.
La afirmación de Marlaska es vista como un reconocimiento implícito de que la política de regularización de migrantes impulsada por La Moncloa en los últimos meses podría llevar a más personas a intentar entrar en el país, bajo la expectativa de obtener «papeles» en el futuro. En este sentido, el ministro insistió en la línea ya adelantada por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, quien, aunque evitó el término «regularizar», transmitió un mensaje similar. De hecho, el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, confirmó que Albares compartió con él la necesidad de que los irregulares «pierdan la expectativa de que viniendo a Ceuta se soluciona lo que pretende. Ni papeles, ni asilo. La única solución: el retorno a Marruecos».
Este endurecimiento retórico contrasta con la postura previa del Ejecutivo. El pasado enero, el Gobierno impulsó un proceso de regularización extraordinaria que permitió legalizar la situación de migrantes irregulares que se encontraban en España antes del 1 de enero de 2026. Este proceso generó 1.174.978 solicitudes, de las cuales más de 600.000 ya habían sido admitidas a trámite para principios de julio. Sin embargo, esta política encontró un fuerte rechazo de la oposición nacional y escaso respaldo en Europa, donde hasta 22 países la señalaron como una medida que debilitaba la defensa de las fronteras comunitarias y que generaba un «efecto llamada».
Mientras que el Gobierno ha atribuido consistentemente la avalancha migratoria a la acción de las mafias, la reciente declaración de Marlaska sugiere una nueva perspectiva, desalentando futuras entradas al eliminar cualquier expectativa de regularización.
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