Preguntas y respuestas sobre el caso del testigo protegido que denuncia a Garamendi: quién acusa, qué se investiga y cómo afecta a las elecciones de la CEOE

La CEOE celebrará elecciones el 1 de octubre. Su actual presidente, Antonio Garamendi, ha confirmado su candidatura para un tercer mandato. Y por delante le esperan tres intensos meses de campaña en los que -todo apunta- volverán a resonar los tambores de guerra sucia que ya marcaron otro proceso electoral hace poco más de un año. Fue en las elecciones de Cepyme cuando la patronal española se partió en dos. Y de aquellos barros estos lodos, porque algunas de las acusaciones que entonces se lanzaron contra Garamendi y su equipo directivo han vuelto a salir a la palestra estos días tras conocerse el caso del testigo protegido que ha denunciado a la cúpula de la CEOE ante la Autoridad Independiente de Protección del Informante (AIPI).

¿Quién denuncia?, ¿a quiénes acusa y de qué?, ¿cómo se están investigando los hechos? y, sobre todo, ¿cómo va a afectar todo esto a las elecciones de la CEOE? Son algunas de las preguntas a las que EL MUNDO da respuesta tras haber consultado con las partes implicadas, a excepción de la dirección de la patronal, que ha optado por no hacer comentarios sobre este asunto, más allá de las declaraciones del propio Garamendi, que ha denunciado públicamente «campañas sucias» en su contra.

El denunciante es José Manuel de Riva Zorrilla, empresario y exvicepresidente de Cepyme. Durante las elecciones que enfrentaron a la vallisoletana Ángela de Miguel, impulsada por Garamendi, y al empresario granadino Gerardo Cuerva, hasta entonces presidente de Cepyme, De Riva lanzó una serie de denuncias tanto públicamente como en el seno de la organización sobre supuestas irregularidades en la cúpula de la CEOE. Al sentirse desamparado por la Comisión de Régimen Interno de la patronal, acudió pa la AIPI, donde presentó sus acusaciones el pasado mes de septiembre, justo cuando se creó este organismo.

¿Qué denuncia De Riva? En su momento, acusó a varios miembros del equipo directivo de CEOE de diversas irregularidades; entre ellos, el presidente de la asociación de autónomos ATA, Lorenzo Amor, a quien pidió que se investigara por conflicto de intereses; Ángela de Miguel, actual presidenta de Cepyme, a quien señaló por presunto trato de favor hacia su bufete de abogados… y hasta el propio Garamendi, por abuso de poder y una eventual desviación de fondos. También denunció casos de supuesto acoso laboral en el seno de la patronal.

Todas estas denuncias fueron puestas en conocimiento de la AIPI, que el pasado mes de octubre concedió a De Riva el estatus de «informante protegido». Ante esta Autoridad de reciente creación amplió sus denuncias al secretario general de la patronal, José Alberto González-Ruiz; y a la presidenta de la Comisión de Régimen Interno, María Aránzazu del Valle. Para ambos y para Garamendi pide multas de 300.000 euros e inhabilitaciones de dos años por presuntas infracciones muy graves de la Ley 2/2023 que regula la protección al informante. Para Amor, De Miguel y otros miembros de la dirección reclama 100.000 euros y medidas cautelares.

¿Cómo se están investigando los hechos? La AIPI tramita las denuncias de trabajadores que hayan conocido presuntas irregularidades en el ámbito laboral. Su función no es determinar la culpabilidad de los denunciados, sino comprobar si los hechos presentan indicios suficientes de verosimilitud para remitir el caso al órgano competente. El procedimiento comienza con un análisis preliminar de la denuncia y, si cumple los requisitos que fija la Ley 2/2023, se abre una investigación. Durante esta fase, la Autoridad puede solicitar documentación, realizar entrevistas o llevar a cabo otras actuaciones de verificación. Si no aprecia indicios suficientes, el expediente se archiva. En caso contrario, lo remite a la Fiscalía o a la autoridad judicial cuando los hechos puedan ser constitutivos de delito, o al órgano administrativo competente si aprecia posibles infracciones administrativas.

La ley fija un plazo de tres meses para tramitar y dar respuesta a las comunicaciones, aunque desde la Autoridad admiten que «los tiempos pueden verse afectados por la complejidad técnica o documental de algunos expedientes, especialmente cuando implican múltiples actores o requieren verificaciones externas». Además de su labor investigadora, la AIPI tiene potestad sancionadora en determinados supuestos relacionados con el incumplimiento de la Ley 2/2023, como la ausencia de canales internos de denuncia, su gestión inadecuada o la adopción de represalias contra los informantes.

¿Y todo esto, cómo va a afectar a las elecciones de la CEOE? Está por ver si la Autoridad decide llamar a declarar a Garamendi y su equipo directivo. Fuentes de la cúpula de la CEOE admiten que ese escenario no favorecería en absoluto la candidatura del empresario vasco. «Al revés, la mancharía bastante», advierten. En todo caso, desde la AIPI señalan que «los investigados pueden ser llamados a declarar, aunque esa decisión depende de las necesidades de cada expediente y se adopta respetando en todo momento sus derechos y la presunción de inocencia». Además, reconocen que la Autoridad todavía está «en proceso de consolidación y despliegue operativo» y «la dotación presupuestaria y de medios aún está en fase de desarrollo, lo que puede influir en la capacidad de absorción de determinados volúmenes de trabajo».

Por el momento, Garamendi respira tranquilo. Según informan a este medio fuentes de la cúpula de la patronal, durante la reunión que mantuvieron los órganos de gobierno esta semana quedó claro el apoyo unánime al presidente y a la actuación de la Comisión de Régimen Interno, en base al cumplimiento de los procedimientos y del Código Ético y de Buen Gobierno de la organización. Por otro lado, los afectados por estas investigaciones aseguran a EL MUNDO que, a día de hoy, no han recibido ningún tipo de notificación de la AIPI. Y públicamente, la candidatura de Garamendi ya cuenta con el respaldo de grandes organizaciones como Cepyme o la catalana Foment del Treball.