La proliferación de grandes plantas que convierten los purines en energía ha logrado agitar el calmoso feudo de uno de los alcaldes más longevos de España. El popular José María López Rancaño mantiene atada en Abadín (Lugo) una mayoría absoluta que resiste ya 43 años. Hijo de los fundadores de una importante quesería de Lugo, ejerce el poder en este pueblo de poco más de 2.000 habitantes sin muchas contemplaciones. Su historial político incluye ignorar repetidamente requerimientos de los que se ha quejado hasta la Xunta de su propio partido. También ha llegado a pasar diez meses sin convocar plenos. Ahora ha decidido poner coto a los vecinos que se oponen a la construcción de dos grandes instalaciones de biogás.
El regidor del PP, con 43 años de mayorías absolutas en este pueblo de Lugo de 2.000 habitantes, veta actos e información sobre unas instalaciones que tratarán hasta 376.000 toneladas de residuos orgánicos al año
La proliferación de grandes plantas que convierten los purines en energía ha logrado agitar el calmoso feudo de uno de los alcaldes más longevos de España. El popular José María López Rancaño mantiene atada en Abadín (Lugo) una mayoría absoluta que resiste ya 43 años. Hijo de los fundadores de una importante quesería de Lugo, ejerce el poder en este pueblo de poco más de 2.000 habitantes sin muchas contemplaciones. Su historial político incluye ignorar repetidamente requerimientos de los que se ha quejado hasta la Xunta de su propio partido. También ha llegado a pasar diez meses sin convocar plenos. Ahora ha decidido poner coto a los vecinos que se oponen a la construcción de dos grandes instalaciones de biogás.
Los planes de la empresa Moeve (antigua Cepsa) se conocieron en Abadín hace apenas diez meses. Según informa la Consellería de Medio Ambiente, la compañía ha solicitado sendas autorizaciones ambientales integradas para dos plantas de biogás con capacidad para tratar anualmente hasta 376.000 toneladas de residuos orgánicos (188.000 cada una). La tramitación está aún en una fase inicial, señala la Xunta, pero la inquietud se extiende entre los habitantes de este municipio por la falta de transparencia. En diciembre se creó la plataforma Stopbiogás Abadín, que alerta de las consecuencias ambientales de estas instalaciones. Su primera concentración ante la casa consistorial fue desalojada por la Guardia Civil, se quejan sus promotores. Desde entonces, todas sus solicitudes formales para usar el salón de actos municipal para encuentros informativos les han sido denegadas. El Ayuntamiento les ha prohibido montar una carpa en la feria local.
“Actos culturales, todos los del mundo. Actividades del colegio, también. Pero [el salón de actos] no es para cosas que no están en el orden del día”, sentencia el regidor. López Rancaño defiende su veto a la carpa en la feria porque la instalación informativa supondría “estropear una feria de ganado por una cosa que puede ser o no ser”. No cree estar atentando contra la libertad y los derechos de sus vecinos. Y esgrime que no les ha dado ninguna información sobre los proyectos porque en el Ayuntamiento “no hay ni un solo papel” al respecto y él no tiene datos ni “notificación oficial” de nada. Tampoco ha preguntado a la Xunta.
Sí admite el alcalde que “los de Cepsa” hablaron con él sobre “la posibilidad” de montar una planta, pero asegura que se ha enterado por la llamada de EL PAÍS de que la compañía está en realidad tramitando dos con capacidad para 376.000 toneladas de residuos. Promete que permitirá actos informativos para el vecindario cuando la Xunta abra el periodo de alegaciones. “En este momento es prematuro”, opina.
Los vecinos han presentado ya una queja por la actitud del regidor ante la Valedora do Pobo, institución gallega equivalente al Defensor del Pueblo. No les ha dejado consultar el expediente municipal ni les ha facilitado el Informe de Compatibilidade Urbanística o la identificación de las parcelas afectadas. Tampoco les ha permitido grabar los tensos plenos donde el gobierno local ha expresado su respaldo a los proyectos. La plataforma acusa también a Medio Ambiente de opacidad porque no les ha proporcionado los datos técnicos que le requirieron sobre la tramitación en marcha, afirman.
Para este regidor de 74 años no son nuevas las denuncias de discriminación por parte de vecinos que levantan la voz contra sus políticas. El socialista Pablo Díaz lleva 20 años haciéndole oposición en el salón de plenos. “Abadín es una dictadura del siglo XIX o antes”, resume. Cuenta que los plenos se celebran en una especie de clandestinidad, sin streaming ni sillas para el público. Él y otros cuatro concejales del PSdeG-PSOE pueden presentar mociones, pero no debatirlas: “Tú la lees, él contesta y punto. Te corta la palabra y se acaba el pleno”. Tampoco se facilitan expedientes ni documentación. “Pasa de los requerimientos y de nuestras peticiones de información. Siempre nos anima a denunciar en los tribunales, pero un contencioso son 3 o 4 años. Él, en cambio, tiene abogado pagado”, expone Díaz. Al grupo municipal socialista, que es toda la oposición, le ha retirado la asignación económica y no lo invita a ningún evento, añade.
Los proyectos impulsados a nombre de dos firmas de Moeve (Crux Biomethane, SL, y Carina Biomethane, SL) intentan salir adelante aprovechando el problema que sufren las granjas para tratar los purines y las subvenciones europeas que premian la generación de energía renovable. La comarca de A Terra Chá en la que está Abadín es tierra agroganadera. Las plantas proyectadas, explica la plataforma Stopbiogás Abadín, tratarían purines y estiércoles de todo el entorno, lodos de depuradora, desechos cárnicos y restos de la industria alimentaria. La entidad sostiene que no se puede hablar de economía circular porque en Abadín “no hay exceso de purines” y llegarán “de fuera”. Advierte de que el residuo final que queda tras producir el gas y que se puede usar como fertilizante (digestato) “concentra metales pesados y multiplica los nitratos en las fincas”, y asegura que se procesarán “lodos y residuos altamente peligrosos que dañan tierras, ríos y ganado”.
La Consellería de Medio Ambiente ha autorizado ya 11 nuevas plantas de biogás y otras ocho están en tramitación. Sostiene que “la tramitación es absolutamente garantista” e incide en que tanto el biogás como el biometano son “fuentes de energía 100% renovables y que contribuyen a la economía circular y a la transición energética”.
No todos en el PP gallego parecen convencidos. El alcalde de A Laracha (A Coruña), el popular José Manuel López Varela, que encadena ocho mayorías absolutas desde 1999, se opone a la planta de biogás que la Xunta alienta en su municipio. Promovida por Bioenergía A Coruña, la instalación pretende procesar hasta 63.500 toneladas anuales de residuos orgánicos, ni una quinta parte que las de Abadín. El regidor critica el riesgo ambiental para el río Anllóns, los hedores y la proximidad a las casas, y ha permitido reuniones informativas a los vecinos en la Casa de Cultura con el asesoramiento de técnicos municipales. A la lucha contra esta misma planta se ha unido otro compañero de partido, el alcalde de Arteixo, Carlos Calvelo.
El BNG, principal fuerza de oposición a la Xunta del PP, reclama una regulación que establezca, por un lado, distancias mínimas entre las plantas de biogás y las casas y, por otro, distancias máximas entre estas instalaciones y los lugares desde donde se trasladan los residuos. Los nacionalistas temen que el rural gallego se convierta en un “centro de transformación de residuos” salpicado de “macroplantas”. La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, acusa al Bloque de crear alarma, azuzar el malestar de los vecinos y “perseguir a funcionarios”.
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