El fichaje fantasma de Jéssica Rodríguez vuelve a sobrevolar Tragsa. El ente público, que mantuvo en nómina a la ex pareja de José Luis Ábalos durante meses pese a que nunca acudió a su puesto de trabajo, se ha resistido durante casi un año a difundir el forensic de la investigación interna y los cambios adoptados tras el caso Jéssica. Hasta ahora.
Transparencia da diez días al ente estatal para desvelar el contenido de las reuniones en las que informó a su cúpula de los avances de la investigación interna sobre el ‘caso Jéssica’
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El fichaje fantasma de Jéssica Rodríguez vuelve a sobrevolar Tragsa. El ente público, que mantuvo en nómina a la ex pareja de José Luis Ábalos durante meses pese a que nunca acudió a su puesto de trabajo, se ha resistido durante casi un año a difundir el forensic de la investigación interna y los cambios adoptados tras el caso Jéssica. Hasta ahora.
El fichaje de la joven, a quien internamente se referían como la «sobrina de Ábalos», puso en duda los mecanismos de control de Tragsa, una organización que maneja miles de millones de euros en contratos públicos. Ahora, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) ha dado diez días a la entidad que preside Jesús Casas para entregar todas las actas de las reuniones del consejo, la junta y el comité de dirección en las que se abordó el resultado de la investigación.Además, Tragsa también deberá desvelar el protocolo ‘antienchufes’ que activó tras la polémica, como adelantó EL MUNDO.
Tragsa se ha resistido hasta el final a difundir la información solicitada. Argumentó que ese nuevo protocolo es una mera herramienta «auxiliar, preparatoria y de apoyo», sin vocación de publicidad externa. Insistió, además, en que el citado plan de acción no tuvo nada que ver con el escándalo. Lo cierto es que Tragsa lo activó en plena crisis reputacional y de evidente malestar en la plantilla por el fichaje fantasma, precisamente, para reforzar el control de asistencia y de los procesos de selección para prevenir la colocación a dedo de ciertos perfiles.
La resolución del Consejo de Transparencia, de finales de julio, es contundente: un protocolo que regula el acceso al empleo público y el uso de fondos estatales tiene un «evidente interés público» y no puede ocultarse solamente porque tenga un carácter interno.
Otro punto clave del fallo de Transparencia es la auditoría interna que, según anunció el propio Casas en el Senado, llegó a investigar a toda la cadena de mando. El resultado fue un informe forensic de su responsable de compliance (cumplimiento normativo) que finalizó en septiembre de 2025, pero que nunca llegó a ver la luz.
Tragsa aseguró al órgano de control que solo el responsable de compliance conoce el contenido de ese informe y que éste únicamente indicó a la cúpula la conclusión final: que no había detectado «indicios que permitan apreciar la existencia de conductas que puedan ser calificadas como ilícitos penales». Es decir, Tragsa defiende que solo una persona ha leído el informe y que ni su presidente ni su cúpula ni sus accionistas -entre ellos la Sepi- solicitaron más detalles de la investigacióncon la que la empresa zanjó un escándalo que llevó a su máximo responsable a comparecer ante la comisión del Senado sobre el caso Koldo y que puso a la firma en el foco político y mediático.
De nuevo, Transparencia cuestiona el argumento. Si bien ha aceptado proteger parcialmente el informe interno amparándose en la Ley de protección de informantes, sí ha exigido a Tragsa que entregue las actas de cualquier encuentro en el que accionistas, consejeros o altos directivos del ente público abordasen los resultados de la citada investigación interna.
Tragsa es lo que se conoce como un medio propio del Estado, un ente 100% público cuyo único cliente es la Administración La mayoría de estos encargos los ejecuta a través de su filial Tragsatec, donde recaló la expareja del exministro socialista bajo el paraguas de un encargo de Adif. Tras más de un año en la picota, Tragsa puede rendir cuentas o, antes del 21 de septiembre, elevar el caso a los tribunales.
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