No había que ser un lince para deducir que una empresa rescatada a instancias de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) no debe contratar al mismo ex presidente de este grupo público para asuntos relacionados con la ayuda estatal, pero nadie alzó la voz. Según el informe de la Unidad Central Operativa (UCO), el consejo de administración de toda una sociedad cotizada como es Tubos Reunidos validó en 2024 contratar a Vicente Fernández para «obtener una reducción de los intereses» fijados por la propia Sepi tres años atrás. Ya es infumable que Fernández, considerado el líder de la trama de la ‘fontanera’ Leire Díez y Antxón Alonso -a las órdenes todos ellos de Santos Cerdán-, se preste a suscribir tal contrato de comisionista, pero si él no tenía escrúpulos, alguien debió tenerlos en la empresa cotizada. No los tuvo tampoco el consejero delegado, Carlos de las Heras, investigado en la causa, que estaba convencido de que la trama representada por Fernández había funcionado con su antecesor, Francisco Irazusta, para arrancar el rescate de 112,8 millones de euros a la Sepi y el Gobierno en 2021 y que, por tanto, podía ser eficaz otra vez, en este caso, para aliviar la deuda contraída entonces.
La disparatada contratación del ex jefe de la Sepi en una empresa que dependía del rescate estatal muestra las vías de agua de ‘compliance’ incluso en grupos cotizados.
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No había que ser un lince para deducir que una empresa rescatada a instancias de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) no debe contratar al mismo ex presidente de este grupo público para asuntos relacionados con la ayuda estatal, pero nadie alzó la voz. Según el informe de la Unidad Central Operativa (UCO), el consejo de administración de toda una sociedad cotizada como es Tubos Reunidos validó en 2024 contratar a Vicente Fernández para «obtener una reducción de los intereses» fijados por la propia Sepi tres años atrás. Ya es infumable que Fernández, considerado el líder de la trama de la ‘fontanera’ Leire Díez y Antxón Alonso -a las órdenes todos ellos de Santos Cerdán-, se preste a suscribir tal contrato de comisionista, pero si él no tenía escrúpulos, alguien debió tenerlos en la empresa cotizada. No los tuvo tampoco el consejero delegado, Carlos de las Heras, investigado en la causa, que estaba convencido de que la trama representada por Fernández había funcionado con su antecesor, Francisco Irazusta, para arrancar el rescate de 112,8 millones de euros a la Sepi y el Gobierno en 2021 y que, por tanto, podía ser eficaz otra vez, en este caso, para aliviar la deuda contraída entonces.
En 2021 Irazusta se saltó el consejo de administración y pagó a la trama 115.000 euros con facturas anuales de 60.000 euros por servicios de «búsqueda de oportunidades de negocio». En 2024 lo que quería la trama eran palabras mayores, una prima de éxito del 2 % si les aliviaban la deuda, lo que podía significar más de un millón de euros. De las Heras optó por pasar el contrato por el consejo de administración y se requirió un informe legal para hacerlo digerible. Lo hizo el bufete Cuatrecasas, que apoyó favorablemente el fichaje. «Se considera correcta y ajustada a derecho la suscripción de un contrato de servicios entre Tubos Reunidos, S.A. y D. Vicente Cecilio Fernández Guerrero para que este pueda intervenir ante la Sepi en defensa de los intereses de esta mercantil con el objeto de mejorar las condiciones acordadas en el citado préstamo participativo». ¿Cómo? ¿Correcto y ajustado a derecho contratar a un comisionista de una trama socialista?
Fuentes próximas al consejo de administración señalan a este diario que, aunque De las Heras y otro consejero -el también investigado Jesús Pérez Rodríguez-Urrutia– sí supieran la conexión de Fernández con Cerdán y de este, con el PNV, la mayoría lo desconocían y que al ver el informe de Cuatrecasas no podían oponerse. Sería el caso, según esta versión, de Enrique Migoya, representante del BBVA en el consejo. La participación del banco ha ido a la baja en los últimos años, pero manteniendo presencia en la cúpula. El consejo validó el contrato, según fuentes de la empresa.
Cuatrecasas razonó su informe en que el ex presidente de la Sepi ya había agotado el período de incompatibilidades desde que dejó la presidencia. Dimitió en octubre de 2019, aunque la ministra de Hacienda que lo designó, María Jesús Montero, permitió que siguiera ostentando el poder en la sombra hasta, al menos, 2021. También mantuvo influencia en años siguientes con Cerdán, según la UCO.
Otro ingrediente de Cuatrecasas es que Fernández «no se ve incurso, a fecha de febrero de 2024, en situación alguna de conflicto de intereses». El ex presidente de la Sepi había sido autorizado por el Ministerio de Función Pública para trabajar en la empresa Servinabar, desconocida entonces y en la que Cerdán era accionista secreto. Pero una cosa es la letra de la regulación de altos cargos y otra que las empresas, más aún las cotizadas, deben extremar sus llamados sistemas de compliance, de cumplimiento normativo. Deben ser robustos y capaces de prevenir, detectar y gestionar riesgos. Al menos, deben mostrar que son suficientes como para salvar a empresas de una imputación como persona jurídica. El propio BBVA recibió un varapalo el pasado febrero por su imputación en la Audiencia Nacional en el llamado caso Villarejo. «No es irrazonable concluir, como hace el instructor, que, al menos indiciariamente, el modelo de organización y gestión para prevenir delitos no era eficaz en cuanto que había un grupo de personas que podían actuar al margen del mismo y sin control, cuyas órdenes eran obedecidas por los subordinados sin cuestionarlas», falló la Sala de lo Penal al rechazar recursos. Lo vive también Acciona con otra de las tramas y el propio PSOE se la juega también. Compliance no es sólo refugiarse en la letra de una mala ley, es también ética y sentido común.
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