El Corte Inglés, Dia o Carrefour: así ha sancionado Agricultura a la gran distribución en tres años de la ley de la cadena alimentaria

Un tomate puede multiplicar varias veces su precio desde que sale del campo hasta que llega al lineal del supermercado. En ese recorrido intervienen transportistas, industrias, almacenes, distribuidores y comercios, y cada eslabón añade costes y margen, mientras agricultores y ganaderos llevan años denunciando que son ellos, precisamente los que están al principio de la cadena, quienes menos ganan de todo el proceso. Fue esa queja la que dio origen a la Ley de la Cadena Alimentaria, concebida para reequilibrar las relaciones comerciales del sector y evitar que los productores tuvieran que vender por debajo de sus costes.

La norma, de 2023, obliga a formalizar por escrito los contratos entre operadores, prohíbe comprar por debajo del coste de producción y fija toda una serie de obligaciones comerciales cuyo cumplimiento vigila la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), dependiente del Ministerio de Agricultura. Desde 2023, el organismo publica trimestralmente el listado de empresas sancionadas, y esa serie de datos permite ahora comprobar, tres años después, cómo se ha aplicado realmente la ley y quiénes han sido sus principales afectados.

En el caso de la gran distribución, el balance resulta llamativo. Aunque la reforma se presentó como la herramienta para reequilibrar la relación entre agricultores, ganaderos y los grandes compradores, las cadenas de supermercados apenas concentran una pequeña parte de las sanciones: desde 2023, supermercados y mayoristas acumulan solo 21 multas, menos del 5% de las más de 460 impuestas por la AICA, por un importe cercano a los 350.000 euros, apenas un 9% de los casi 3,9 millones recaudados en total por el organismo.

Dentro de ese grupo reducido, Dia es con diferencia la cadena más sancionada: acumula cinco expedientes por un importe de 112.463 euros, la mayoría por retrasos en el pago a proveedores, aunque también ha sido multada por no formalizar contratos por escrito y, en su sanción más severa -100.000 euros-, por obstruir directamente la labor inspectora de la Administración. Alcampo ocupa el segundo lugar, con tres sanciones que suman 45.602 euros, y su multa más elevada, de 39.600 euros, tuvo el mismo origen: obstaculizar una inspección de la AICA. La presencia del resto de grandes cadenas es, en cambio, mucho más testimonial. Carrefour solo ha recibido una sanción desde 2023, la mínima prevista por la ley –3.001 euros-, por incumplir los plazos de pago a proveedores, y más reciente es el caso de El Corte Inglés, que entró por primera vez en el listado público de la AICA en el segundo trimestre de 2026, también con una multa de 3.001 euros por retrasarse en el pago a sus proveedores. Junto a ellas aparecen otras enseñas, como Makro, Caprabo o Dealz (muy popular por su concepto de ‘todo a 1,5 euros’), aunque el peso conjunto de toda la distribución sigue siendo reducido frente al resto del listado.

El grueso de las sanciones recae, en realidad, sobre otros operadores de la cadena, muchos de ellos proveedores de esa misma gran distribución. Empresas hortofrutícolas, bodegas, cooperativas, comercializadoras y otras industrias agroalimentarias concentran buena parte de los expedientes abiertos por la AICA, casi siempre por incumplimientos relacionados con la formalización de los contratos, la falta de información obligatoria o los retrasos en los pagos. Son, además, los sectores hortofrutícola y vitivinícola los que aportan de forma recurrente las sanciones de mayor cuantía de toda la serie, lo que confirma que, pese a que la reforma se impulsó para reforzar la posición negociadora de agricultores y ganaderos frente a los grandes compradores, es precisamente ese lado de la cadena el que más peso tiene en los listados de infractores.

Más llamativo aún resulta el escaso uso de la infracción que centró buena parte de la ley, la prohibición de destruir valor en la cadena alimentaria, es decir, de pactar precios que no cubran el coste efectivo de producción. En más de tres años de resoluciones, la AICA solo ha impuesto dos sanciones por este motivo, frente a más de 260 multas por retrasos en los pagos y más de 80 por no formalizar correctamente los contratos. La medida llamada a proteger el precio que reciben agricultores y ganaderos apenas ha tenido reflejo en la actividad sancionadora, y ese contraste -dos sanciones frente a varios cientos por incumplimientos administrativos- resume bien el patrón que deja la aplicación de la ley: Agricultura ha concentrado buena parte de su actividad sancionadora en incumplimientos formales, mientras que la gran distribución apenas representa una pequeña parte de los expedientes y la infracción destinada a impedir la destrucción de valor sigue siendo casi anecdótica en los registros.

La evolución de las sanciones refleja, además, un cambio de tendencia que conviene no perder de vista. En 2023 la AICA impuso 161 multas por algo más de 505.000 euros; en 2024 fueron 137, aunque el importe ascendió a 844.000 euros; en 2025 los expedientes bajaron a 103, pero el importe superó ya los 1,27 millones, y en apenas los dos primeros trimestres de 2026 el organismo acumula 59 sanciones por más de 1,3 millones de euros. La multa media se ha multiplicado por siete en solo tres años, de poco más de 3.100 euros en 2023 a superar los 22.000 euros en 2026: cada vez hay menos empresas sancionadas, pero cuando Agricultura actúa, el golpe es mucho más contundente que al principio de la serie.