El Gobierno rehusó detallar las operaciones de venta de trenes e infraestructura móvil realizadas por el operador estatal Renfe entre los años 2018 y 2026. Así lo constata por escrito una respuesta del Ejecutivo de Pedro Sánchez emitida a través de la Mesa de Senado a la que tuvo acceso EL MUNDO.
El Ejecutivo rechaza hacer pública la lista de las empresas que adquirieron el material ferroviario, y limita la información a un dato de facturación agregado de 4,4 millones de euros
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El Gobierno rehusó detallar las operaciones de venta de trenes e infraestructura móvil realizadas por el operador estatal Renfe entre los años 2018 y 2026. Así lo constata por escrito una respuesta del Ejecutivo de Pedro Sánchez emitida a través de la Mesa de Senado a la que tuvo acceso EL MUNDO.
En particular, el Ejecutivo evitó identificar los compradores concretos de este patrimonio ferroviario, argumentando que todos los acuerdos formalizados por la compañía contienen estrictas condiciones de reserva comercial.
El origen de esta respuesta se sitúa en el pasado 3 de junio de este año, cuando los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Popular, Cristiana Casanueva, Antonio Silván, Inmaculada Hernández, Carmen Belén López y Juan José Sanz, registraron una iniciativa de control en el Senado.
En dicho escrito los parlamentarios formularon tres interrogantes en particular: «¿Qué material rodante (trenes) ha vendido Renfe desde 2018 a 2026? ¿En qué fechas, por cuánto y a quién?».
Ante esto, la respuesta del Gobierno, emitida el pasado 1 de septiembre, reconocen el volumen de venta de activos, pero eluden revelar las marcas o denominaciones sociales de los compradores y el coste unitario de estas operaciones. Según el texto de la respuesta, «a lo largo de estos años, Renfe ha realizado 40 operaciones de venta de trenes».
Sin embargo, en relación con las adjudicatarios de estas transacciones, el Ejecutivo únicamente indicó de manera general que los destinatarios «fueron, en su mayoría, empresas de reciclaje y recuperación de material y, de forma puntual, a algunas empresas ferroviarias u otros interesados», sin especificar de qué corporaciones o firmas se trata.
Respecto a la justificación del Gobierno, afirmaron que «todos los contratos de compraventa formalizados por Renfe cuentan con cláusulas de confidencialidad», según el escrito remitido a la Cámara Alta. A su vez, justificaron que esta restricción les impide revelar a las Cortes Generales tanto las cifras específicas abonadas por cada lote de trenes como los contratos desglosados de cada expediente.
El Ejecutivo comunicó a los populares que «tan solo puede facilitarse el dato agregado del importe del total de ventas que se cifra en 4.422.463,04 euros». Del mismo modo, el texto advierte a la oposición parlamentaria sobre el riesgo de realizar promedios matemáticos simples para calcular el valor unitario de los trenes enajenados, dada la disparidad de las piezas de material rodante vendidas.
A este respecto, el Ejecutivo subraya «de manera expresa que, dadas las diferentes características del material correspondiente a cada una de las operaciones llevadas a cabo, no se debe colegir el supuesto precio unitario de cada contrato de la mera operación aritmética de dividir el importe global expresado entre el número de contratos formalizados».
El Gobierno recalca en su escrito que esta limitación informativa es imprescindible «para preservar las obligaciones contractuales antes citadas y el mayor rigor de la información que se traslada».
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