Cada botella de agua, cada lata de refresco, cada tarrina de yogur que hoy sale de una fábrica española carga ya con el peso de una ley que acaba de estrenarse. El Reglamento Europeo de Envases y Residuos de Envases, el PPWR, entra hoy en vigor en sus primeras obligaciones y arranca, oficialmente y sin marcha atrás, una de las transformaciones regulatorias más costosas que ha vivido el sector agroalimentario español en años. Ya no es un proyecto en negociación ni una amenaza a futuro. Desde esta misma jornada es ley, y toca pagarla.
La nueva normativa europea, en vigor desde hoy, marca el inicio de una hoja de ruta hasta 2040 que obligará a rediseñar envases, sistemas de reciclaje y modelos de negocio en toda la cadena alimentaria
Cada botella de agua, cada lata de refresco, cada tarrina de yogur que hoy sale de una fábrica española carga ya con el peso de una ley que acaba de estrenarse. El Reglamento Europeo de Envases y Residuos de Envases, el PPWR, entra hoy en vigor en sus primeras obligaciones y arranca, oficialmente y sin marcha atrás, una de las transformaciones regulatorias más costosas que ha vivido el sector agroalimentario español en años. Ya no es un proyecto en negociación ni una amenaza a futuro. Desde esta misma jornada es ley, y toca pagarla.
El reglamento barre de un plumazo el sistema que ha regido hasta ahora, en el que cada país traducía la normativa europea a su legislación con sus propios matices. A partir de hoy las mismas reglas se aplican de forma directa e idéntica en los veintisiete Estados miembros, sin margen de interpretación local. Da igual dónde fabrique o venda una empresa dentro de la Unión, el listón es el mismo para todos.
Y hoy ese listón ya se nota. Entran en vigor los primeros límites a las sustancias PFAS, los llamados «químicos eternos», en los envases que tocan alimentos, ante la creciente preocupación por sus efectos en la salud. La medida obliga, desde ya, a revisar materiales, recubrimientos, tintas y adhesivos en cientos de referencias que hasta ayer se daban por buenas. También se armonizan hoy conceptos que antes cada país definía a su manera, como quién es productor o quién es fabricante, y entran en aplicación nuevas obligaciones de trazabilidad para que las autoridades puedan identificar rápido al responsable de un envase si detectan que incumple la normativa. Bruselas ha rebajado la presión en un punto. Esa información no tendrá que aparecer necesariamente en el propio envase, sino que podrá figurar en los documentos de entrega o envío, así que las empresas no están obligadas a rehacer de inmediato el etiquetado de lo que ya venden.
A esto se suma, también desde hoy, la exigencia de contar con una Declaración de Conformidad para cada tipo de envase, respaldada por documentación técnica que acredite su reciclabilidad, su contenido reciclado o su capacidad de reutilización. Se activa además la responsabilidad ampliada del productor, que obliga a las empresas a registrarse en cada país donde operen. Cada una de estas piezas suena burocrática, pero se traduce en algo muy concreto sobre el terreno. Más personal técnico, más consultoría externa y más horas de gestión que ayer no hacían falta y hoy sí.
«La adaptación al PPWR supone un esfuerzo inversor importante para la industria. Las empresas están destinando recursos a modernizar procesos, desarrollar envases más eficientes y formar a sus equipos», resume Paloma Sánchez Pello, directora de Competitividad y Sostenibilidad de la Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB). Su federación respalda los objetivos ambientales del reglamento, pero no disimula la incomodidad con el calendario. «Algunas de las medidas son técnicamente difíciles de llevar a cabo», advierte, reclamando periodos transitorios que Bruselas, de momento, no ha concedido. Y eso que lo de hoy, insisten desde el sector, es solo el aperitivo.
Porque lo que entra en vigor esta semana es apenas el primer peldaño de una escalera que sigue subiendo, año tras año, hasta 2040. En 2028 llegará un sistema de etiquetado armonizado en toda la Unión, capaz de incorporar códigos QR para que el consumidor sepa de un vistazo cómo separar cada envase. En 2029, o antes si prospera la negociación que el Gobierno mantiene ahora mismo con los supermercados para adelantarlo a 2028, llegará el capítulo que de verdad quita el sueño al sector. El Sistema de Depósito, Devolución y Retorno para botellas de plástico y latas, con el que el consumidor pagará un pequeño depósito al comprar una bebida que recuperará al devolver el envase, como ya sucede en Alemania. El problema es que ese sistema tendrá que convivir, durante un tiempo, con el modelo de recogida que existe hoy, duplicando estructuras y, con ellas, duplicando costes. «El nuevo sistema conlleva inversiones muy altas, cambios en los modelos de negocio y también supondrá una adaptación por parte de los consumidores», resume FIAB.
Esas inversiones altas ya tienen una cifra orientativa, y da vértigo. Entre 50.000 y 150.000 euros por tienda, solo para instalar las máquinas de recogida y los sistemas operativos de reciclaje, sin contar el personal que habrá que dedicar a gestionarlo ni el impacto en la logística de reparto. Multiplíquese esa horquilla por las más de 25.000 tiendas de alimentación organizada que hay en España, a las que se suman unas 55.000 de comercio especializado, y se empieza a intuir la magnitud del desembolso que afronta el sector, aunque conviene tomarlo como una estimación propia y no como un cálculo oficial cerrado.
Desde la distribución alimentaria se apunta, además, una objeción que va más allá del dinero. En un país con un modelo de compra de proximidad como el español, con tiendas pequeñas, en cascos urbanos, pensadas para ir andando y con poco espacio de almacenamiento, generalizar los sistemas de reutilización, con sus circuitos de lavado y transporte de envases, podría paradójicamente aumentar la huella de carbono y el consumo de agua respecto al sistema de reciclaje actual. Más coste, sin garantía de que el resultado ambiental compense lo que se invierte.
La escalera regulatoria no se detiene ahí. En 2030 llegará un paquete completo de exigencias que obligará a repensar buena parte de los formatos que hoy pueblan los supermercados. Categorías mínimas de reciclabilidad, porcentajes obligatorios de plástico reciclado, objetivos de reutilización para determinadas bebidas, un límite del 50% al espacio vacío en las cajas de comercio electrónico y transporte, y el fin de ciertos formatos monodosis de plástico de un solo uso en bares y restaurantes. En 2035 ya no bastará con que un envase sea reciclable sobre el papel. Tendrá que poder recogerse, clasificarse y reciclarse de verdad, con la infraestructura industrial que exista entonces. En 2038 el listón mínimo de reciclabilidad vuelve a subir. Y en 2040 un nuevo salto en los porcentajes obligatorios de material reciclado cerrará, de momento, una hoja de ruta que hoy solo acaba de empezar.
Frente a tanto coste, el reglamento ofrece un único consuelo a medio plazo. Al sustituir veintisiete legislaciones nacionales distintas por una sola regla común, las empresas que operan en varios países de la Unión deberían notar, con el tiempo, menos fragmentación y menos burocracia duplicada. Pero ese ahorro futuro no calma a quien, desde hoy mismo, tiene que empezar a pagar la transición. Y no es un problema menor. Hablamos de una cadena que reúne a más de 27.000 empresas y cerca de medio millón de empleos directos solo en la industria alimentaria española, una cifra que se dispara a más de un millón de empresas si se cuenta toda la cadena agroalimentaria, del campo a la gestión de residuos. Para todas ellas, el reloj ha empezado a correr hoy.
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