La Seguridad Social cancela las ventas y subastas de sus viviendas en alquiler

Las viviendas de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) serán incorporadas al parque público estatal de alquiler asequible. Así lo ha confirmado el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, que afirma estar trabajando con el ministerio que dirige Elma Saiz para hacerlo a através de la Entidad Estatal de Vivienda Casa 47. Mientras tanto, ambos ministerios han acordado que no habrán más subastas ni ventas de estos inmuebles.

La última inspección a los bienes inmuebles de la Seguridad Social realizada por el Tribunal de Cuentas reveló que tenía 4.115 inmuebles en toda España, entre los que habitaban al menos 580 contratos de alquiler y se encontraban 874 inmuebles vacíos (21,24%). Y es que la TGSS estuvo en el centro de la polémica al denegar la prórroga de dos años a sus inquilinos cuando aún estaba vigente. En ese momento, Vivienda había adelantado que estaban estudiando la forma de incorporarlas a la oferta pública ya que no se podían adscribir de la forma que se ha hecho, por ejemplo, con las viviendas de la Sareb porque legalmente presentaban singularidades que lo impedían. Ahora, el ministerio de Isabel Rodríguez asegura que lo harán «respetando siempre el marco legislativo propio del Patrimonio de la Seguridad Social».

Mientras las conversaciones entre los dos ministerios avanzan, queda en duda qué pasará con los inquilinos a quienes denegaron las prórrogas. Muchos habían denunciado a través del Sindicato de Inquilinas de Madrid que habían recibido demandas de desahucio para vender los inmuebles o subastarlos, mientras que denuncian la existencia de varios inmuebles vacíos por años en los mismos edificios. De los activos ociosos a nombre de la TGSS y en potencial uso, Seguridad Social asume más de 135 millones de euros en gastos e inversiones, como el mantenimiento, pago de tributos y proyectos obsoletos.

Los datos del Tribunal de Cuentas indican que entre 2000 y 2010 los inmuebles de la TGSS pasaban principalmente por un proceso de adjudicación directa, a través de políticas de acceso a la vivienda. A partir de 2011, la tendencia se invirtió y la subasta pública pasó a ser el método más numeroso, sin especificar si se trata de viviendas vacías o con inquilinos. Por esto, los inquilinos denunciaron que «se están haciendo un negocio con la vivienda pública».