Mientras los expertos volvían a reclamar esta semana un Pacto de Estado contra incendios, Gobierno y oposición se han enzarzado en un nuevo desencuentro a propósito de cómo debe ser ese acuerdo, y sobre todo, cómo debe llamarse: si un Pacto de Estado contra la Emergencia climática que incluya a los incendios, como quiere el Gobierno central, o un acuerdo centrado en los fuegos, como reclama el PP, que ha presentado un plan con 50 medidas.
Mientras Gobierno y oposición se enzarzan en un nuevo desencuentro a propósito de cómo debe llamarse el acuerdo nacional contra incendios, los científicos e ingenieros reclaman que se sienten a la mesa a trabajar: «Hay que lograr un reequilibrio entre lo que se invierte en extinción y en gestión forestal», señalan
Mientras los expertos volvían a reclamar esta semana un Pacto de Estado contra incendios, Gobierno y oposición se han enzarzado en un nuevo desencuentro a propósito de cómo debe ser ese acuerdo, y sobre todo, cómo debe llamarse: si un Pacto de Estado contra la Emergencia climática que incluya a los incendios, como quiere el Gobierno central, o un acuerdo centrado en los fuegos, como reclama el PP, que ha presentado un plan con 50 medidas.
Hace casi un año Pedro Sánchez presentó su propuesta para ese Pacto de Estado contra la emergencia climática, que comprende varios ejes sobre la prevención de incendios, como «la extensión de un modelo de gestión forestal del siglo XXI, adaptado a la realidad climática, territorial y económica; la provisión de servicios básicos y nuevas oportunidades para la población del medio rural que generen resiliencia ante el cambio climático; la potenciación de las contribuciones del sector agrario a la prevención de eventos extremos, como el apoyo a la ganadería extensiva, a la agricultura regenerativa y el uso eficiente de recursos naturales o la dotación permanente de medios técnicos y humanos necesarios en cada nivel de la administración para combatir eventos climáticos extremos».
«Lamentamos que pese a la situación tan grave que vivimos en 2025, no haya habido un impulso para que todos se sienten a trabajar en la misma línea», denuncia Luis Suárez, coordinador de conservación de WWF. Su organización reclama «un acuerdo político a nivel estatal» frente a los incendios forestales que permita adaptar el territorio y que sea compatible con la conservación de la biodiversidad. «No es cuestión de ser de derechas o de izquierdas, nuestro futuro depende de ese acuerdo», defiende.
«Los expertos, la ciencia, y los que conocen bien los incendios coincidimos en un 95% en las medidas que hay que adoptar. Lo que hace falta es que las administraciones lo asuman y se pongan a trabajar. Y a nivel social también tenemos que asumir que durante una serie de años vamos a pagar unas consecuencias muy graves derivadas de la situación en la que estamos ahora», apunta Suárez, que advierte que «aunque no se ha hecho lo suficiente desde el año pasado, esto no se resuelve de un plumazo, con un paquete de medidas».
Ante las discrepancias que hay entre Gobierno y oposición, Suárez señala: «Necesitamos un plan de acción a nivel estatal que tenga que ver específicamente con los incendios; nos da igual que sea un pacto o un conjunto de medidas. Y luego, lo que venimos reclamando es ese pacto de Estado contra la emergencia climática que debe englobar incendios y muchas más medidas», aclara.
Entre los puntos que debería tener ese acuerdo, según WWF, figuran aplicar plenamente el Real Decreto 716/2025 (que persigue establecer criterios comunes en los planes anuales de las CCAA para prevenir, vigilar y extinguir incendios); identificar las zonas de alto riesgo y gestionar anualmente, como mínimo, el 1% de la superficie forestal nacional (unas 260 000 hectáreas), mediante actuaciones estratégicas y mantenidas en el tiempo. También reclaman recuperar mosaicos agroforestales, apoyar la ganadería extensiva y los cultivos tradicionales y generar actividad económica viable en el medio rural.
Impulsar una gestión forestal adaptativa, quemas prescritas y restauración ecológica, diferenciando las zonas que requieren intervención de aquellas en las que debe priorizarse la conservación. Otra de las medidas contempla elaborar y aplicar planes de autoprotección en municipios, urbanizaciones y viviendas situadas en zonas de interfaz urbano-forestal.
Para hacerlo realidad, piden establecer «financiación plurianual suficiente», así como, mecanismos de coordinación entre el Estado, las CCAA y los ayuntamientos, mejorar la investigación de las causas, y programas de prevención social.
Por su parte, el ecólogo Fernando Valladares, profesor de investigación del CSIC, ha impulsado esta semana en la plataforma ciudadana europea MOVEMENTS una petición pública –España arde: pacto de estado de adaptación y prevención de incendios, a la que ya se han sumado más de 28.000 personas.
La primera de las tres medidas que propone es una ley y presupuesto plurianual garantizado para la prevención y protección civil, «de forma que ninguna comunidad autónoma pueda dejar caer sus cuerpos de agentes medioambientales por falta de presupuestos aprobados». La segunda medida es «acabar con las subvenciones tóxicas y redirigirlas a la vida rural, hacia el pastoreo y la ganadería extensiva, el acceso a la tierra y la vivienda rural, y unas condiciones laborales dignas para quienes producen los alimentos». También reclama que se cree un Parlamento Ciudadano Climático permanente que permita a los ciudadanos participar en las decisiones que afectan a su vida. «No podemos seguir esperando al próximo incendio para volver a hablar de lo mismo», defiende Valladares.
Para el ingeniero de Montes Ignacio Pérez-Soba, decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes de Aragón, «todo el Pacto de Estado contra incendios debería basarse en lograr un reequilibrio entre lo que se invierte en extinción y en gestión. Lo primero y principal es tener un sector forestal profesional fuerte. Y eso no se va a lograr en un año, ni probablemente en 10. Por eso se necesita un Pacto de Estado, pero que incida en las verdaderas causas del problema», señala. «Hasta ahora se ha hablado de que hay que hacer un pacto contra el cambio climático y, por supuesto, es uno de los factores. Pero si simplemente actuamos contra las causas del cambio climático, el problema que tenemos con los incendios no lo resolveremos«, defiende.
El ingeniero considera que «hay una capacidad de mejora enorme a través del campo normativo y de la actuación de otras administraciones o de otros sectores. Por ejemplo, se podría contemplar el soterramiento de más líneas eléctricas e invertir más en la renovación de redes rurales para evitar accidentes y negligencias, que en mi región, Aragón, causan el 51% de los fuegos».
El decano del COIM, Eduardo Tolosana, propone que ese pacto de estado esté articulado en torno a tres ejes: la prevención, la autoprotección de las personas y el fomento de la gestión activa y rentable. Entre las medidas concretas figuran asegurar el cumplimiento de los planes de actuación municipal para proteger a la población o ayudar fiscal y técnicamente a los propietarios particulares, que poseen el 72% de la superficie de montes, para que puedan gestionarlos. «Esto permitiría prevenir incendios, evitar que se vuelvan incontrolables y generar materias primas renovables y sostenibles para la bioeconomía».
«No podemos seguir atrapados en el lamento estival. Hace falta ciencia, técnica, inversión planificada y constante, y un compromiso firme con nuestros montes», reclama Margarita Hernández, portavoz del COIM, que subraya que los incendios devastadores no son una fatalidad ineludible. «Es hora de dejar de mirar al cielo esperando que cambie el tiempo y empezar a mirar al suelo para transformar la manera en que gestionamos nuestro territorio y hacerlo con rigor técnico, valentía política y visión estratégica de futuro».
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