El PP emprende en el Congreso una investigación sobre Tubos Reunidos

El Partido Popular ha activado desde el Congreso una investigación acerca del rescate con 112,8 millones de euros públicos de la empresa Tubos Reunidos. Los populares piden la comparecencia de la vicepresidenta tercera Sara Aagesen en Pleno y comisión, reclaman al Gobierno una ingente cantidad de datos e informes sobre todo el procedimiento seguido y han registrado una batería de preguntas al Gobierno para las que solicitan respuesta por escrito. Incardinan el rescate de Tubos Reunidos en la trama organizada en torno a la SEPI, integrada por su ex presidente Vicente Fernández; la fontanera del PSOE, Leire Díez y el socio del ex secretario de Organización socialista Santos Cerdán, Antxon Alonso.

El PP basa su iniciativa en los informes de la UCO, según los cuales entre el 16 de junio y el 13 de julio de 2021, la petición de rescate por parte de la empresa dio un vuelco de 180 grados y pasó de ser rechazada a ser aceptada tras las gestiones realizadas por Vicente Fernández para «movilizar al PNV» e influir así directamente en La Moncloa.

Según el relato de los hechos que maneja el PP, el 16 de junio de 2021 el directivo de la SEPI, Miguel Ángel Figueroa, informó a Vicente Fernández de que la secretaría de Estado de Energía, entonces encabezada por Sara Aagesen, rechazaba el rescate de Tubos Reunidos por motivos ecológicos. Ese mismo día, como señala la UCO, Fernández «activó» a Antxon Alonso para «movilizar» al PNV.

Al día siguiente, 17 de junio, fue la propia consejera de Desarrollo Económico del Gobierno Vasco quien, a través de su viceconsejero, contacta con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero y con Aagesen. Cinco días más tarde, el 22 de junio, se reúne el Consejo Gestor del Fondo de Ayuda a la Solvencia y mantiene el bloqueo del rescate solicitado. Tubos reunidos corría ya el riesgo de entrar en concurso de acreedores.

El 3 de julio, Vicente Fernández plantea la necesidad de elevar las presiones hasta el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, y ya da por hecho que espera algún tipo de «retribución» si las gestiones salen adelante. Seis días después, la presidenta de la SEPI, Belén Gualda, es llamada a La Moncloa y el 13 de julio, finalmente, el Consejo Gestor del Fondo de Ayuda a la Solvencia aprueba desbloquear la ayuda de 112 millones y el subsecretario del Ministerio de Transición Ecológica, Miguel González Suela, por delegación de Aagesen, emite informe favorable.

Ante este cambio de posición, el PP quiere aclarar si Aagesen o cualquier órgano del Ministerio recibió «alguna instrucción, petición, recomendación o presión de Presidencia del Gobierno» y, en caso de que la respuesta sea negativa, como espera, reclama las «comprobaciones documentales» que esgrime el Gobierno para descartarlo.

La misma pregunta se eleva en relación con presuntas gestiones realizadas por el Ministerio de Hacienda, la SEPI, el Gobierno Vasco o el PNV para modificar el criterio de rechazo inicialmente mantenido sobre el rescate».

Igualmente requiere explicaciones acerca de las «objeciones» que planteó Aagesen, entonces secretaria de Estado, a la petición de ayuda y, finalmente, que se especifiquen los contactos mantenidos durante todo el proceso entre la secretaría de Estado y el Ministerio de Transición Ecológica con representantes de la SEPI, Hacienda, Presidencia del Gobierno, Gobierno Vasco y PNV, con detalle de fechas, participantes y resultado de cada gestión.

Asimismo, piden al Gobierno «copia íntegra» de todos los informes, notas, actas y comunicaciones en los que consten las objeciones técnicas, jurídicas, económicas y medioambientales que, en un principio, planteó la secretaria de Estado de Energía y también miembro del Consejo Gestor del Fondo de Apoyo a la Solvencia, al rescate y, del mismo modo, también todos los documentos que finalmente se evacuaron para darle luz verde así como el detalle, en ambos casos, de las reuniones concretas en las que fueron abordados.