De la educación infantil al comercio o las ambulancias: los trabajadores se lanzan a por el dinero del macrofondo sindical para financiar sus huelgas

Se avecina un otoño caliente en la negociación colectiva y los trabajadores empiezan a armarse para la gran batalla con los empresarios. Los sindicatos han puesto a su disposición una potente munición: un macrofondo de «resistencia» de ocho millones de euros para que puedan soportar las huelgas allá donde el conflicto escale. Una iniciativa que ya ha recibido varias solicitudes, según ha podido saber EL MUNDO. En un contexto de tensión creciente por el bloqueo de la patronal a subidas salariales que eviten la pérdida de poder adquisitivo con la inflación, algunos sectores ya se están organizando en varios puntos del país.

A principios del verano, CCOO y UGT anunciaron una novedosa iniciativa: el lanzamiento de un fondo económico similar a las llamadas «cajas de resistencia» o «fondos de soporte de las huelgas», que son herramientas con las que cuentan los sindicatos a nivel internacional para financiar los procesos de movilización, pero que, por primera vez en la historia del sindicalismo contemporáneo en España, sería gestionado de manera coordinada por ambas organizaciones.

En total, cada sindicato va a aportar dos millones de euros en 2026 y otros dos millones en 2027. Es decir, ocho millones procedentes de las cuotas de sus afiliados, con el objetivo de cubrir la pérdida salarial de los trabajadores que vayan a huelga y que estén inscritos en alguna de las dos organizaciones. El importe cubrirá la parte proporcional del salario mínimo interprofesional (SMI) diario cuando el motivo de la huelga sea el convenio colectivo o la mejora salarial. El objetivo es fortalecer la posición negociadora de los trabajadores que no puedan permitirse varios días de huelga, compensando así parte de la pérdida salarial.

Ya de vuelta de vacaciones, son varias las solicitudes acumuladas para hacer frente a algunos conflictos abiertos. Hasta la fecha, CCOO ha recibido al menos cuatro solicitudes. A nivel estatal, del sector de la educación infantil, que encadena meses de movilizaciones. También del comercio de alimentación en Galicia, que tiene convocadas varias jornadas de huelga en octubre por el bloqueo de la negociación de su convenio. El transporte sanitario en Canarias, que mantiene abierto un conflicto por la subida salarial de los técnicos de ambulancias, también ha pedido apoyo. Asimismo, a nivel de empresa se ha recibido una petición del ámbito de la limpieza viaria en La Rioja, en huelga indefinida desde julio.

UGT, por su parte, está ultimando el reglamento interno. Desde el sindicato explican que el fondo ya está operativo, pero todavía se están terminando de perfilar los ajustes presupuestarios necesarios para su activación. La idea inicial era que los sectores remitieran sus solicitudes a las confederaciones y que ambos sindicatos consensuaran la concesión del dinero. Es una estrategia, en el fondo, para impulsar el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), que es el gran pacto entre patronal y sindicatos que sirve de guía para los negociadores de los convenios a nivel nacional en materias como las subidas salariales. En estos momentos está caducado y las conversaciones formales para renovarlo ni siquiera han arrancado.

La presión sindical está aumentando porque la inflación está escalando impulsada por el shock energético derivado de la guerra en Irán. Desde los sindicatos advierten de que está aumentando la conflictividad laboral. Y ponen como ejemplo la huelga de Airbus en el ámbito de la negociación salarial. «Se ha retomado, con fuerza, vincular las subidas al IPC», afirma un dirigente sindical al tanto de las negociaciones abiertas y los conflictos enquistados. «Donde tenemos fuerza se está consiguiendo, donde no, hay muchas dificultades», admite.

En sectores como los grandes almacenes, que emplean a más de 240.000 trabajadores, están pidiendo aumentos, incluso, por encima de la inflación, con un planteamiento inicial de más del 16% hasta 2029. Por su parte, los representantes de los trabajadores del sector bancario han convocado movilizaciones en octubre y noviembre para denunciar las precarias condiciones de las plantillas pese a los beneficios récord del sector. Entre otras demandas, reclaman subidas salariales del 7% para 2027 y del 4% anual entre 2028 y 2030.

Frente a la presión sindical, la patronal ha puesto pie en pared para evitar que lo que consideran un repunte «transitorio» de los precios, provocado por la guerra en Oriente Próximo, se traslade de manera permanente a sus costes laborales. Un argumento que van a emplear en la negociación que previsiblemente se abrirá con los sindicatos una vez concluya el proceso electoral en CEOE y arranque el nuevo mandato de Antonio Garamendi. Y también en las conversaciones con el Ministerio de Trabajo sobre la actualización del SMI que tendrá lugar en la recta final del año.